El juez llama a declarar como imputados a los promotores del fallido proyecto de Terres Cavades

El ex concejal de Urbanismo de Tarragona, Ángel Fernández (CiU), su hermano Juan y 10 personas más -entre ellas la mujer del senador Lluís Badia (CiU) y el principal constructor de Tarragona, José Luis García- declararán en mayo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona en calidad de imputados. El juez ha admitido a trámite una querella de 22 ex propietarios de las parcelas que fue acumulando la firma Promocions Terres Cavades y ha añadido a este proceso otra denuncia de la fiscalía, que ha advertido indicios de delito tráfico de influencias.

El Departamento de Política Territorial anuló el proyecto de urbanización de Terres Cavades al considerarlo ilegal, ya que el voto del dimitido Ángel Fernández resultó clave para aprobar los trámites municipales de un proyecto en el que tenía intereses económicos. Ahora, el escándalo de lo que tenía que ser el mayor plan urbanístico de la historia de Tarragona llega al terreno judicial. El juez ha abierto un caso que comporta desde la investigación de las compraventas de los terrenos que los ex propietarios consideran fraudulentas hasta la participación del senador Badia en una de las empresas que en el año 2000 solicitaron al Ayuntamiento que iniciara los trámites para urbanizar la zona.

Fernández, concejal desde 1987 y mano derecha del alcalde Joan Miquel Nadal (CiU), participó en todo el proceso de revisión del Plan Urbanístico y en la tramitación concreta del plan parcial de Terres Cavades. Poseía junto con su hermano una empresa, que, a su vez, formaba parte de Promocions Terres Cavades. Badia, por su parte, compró terrenos en la zona en 1993, cuando era concejal, y los vendió 10 años después por 4,4 millones de euros. Los antiguos propietarios que vendieron sus terrenos obtuvieron beneficios muy inferiores: por unas parcelas similares a las de Badia, los querellantes, que se consideran engañados, obtuvieron 180.000 euros.

En sus investigaciones, el fiscal advierte de que el senador, que dejó de ser concejal en 1995 para convertirse en presidente de la Autoridad Portuaria, vendió sus terrenos en Terres Cavades tras haber adjudicado a la firma Centre de Negocis de Tarragona la construcción de un edificio de oficinas en el puerto. Esta firma está formada por José Luís García y el hermano del ex concejal, por lo que el fiscal interpreta que se podría haber cometido un delito de tráfico de influencias y otro de actividades prohibidas para un funcionario público. La adjudicación de este centro de negocios se llevó a cabo cuando el entonces concejal de Urbanismo formaba parte también del consejo de administración del Puerto y además participaba en la empresa que lo construyó y actualmente explota el edificio. El PSC, en la oposición municipal, ha pedido a la fiscalía que investigue también las relaciones del Puerto de Tarragona con el de Rosario (Argentina), iniciadas por el senador Badia.

El juez ha pedido a la Autoridad Portuaria, ahora en manos del PSC, toda la documentación referente a esta concesión administrativa, que se realizó sin concurso público, según admitió Badia. Además, exige conocer todo el proceso urbanístico y la documentación que sobre el caso tengan la Generalitat y el Ayuntamiento, tanto en lo referente a Terres Cavades como a la zona de La Budallera, aún sin construir pero impulsada por los mismos promotores.