Unió pagó 100.000 pesetas mensuales a la viuda de Cogul durante año y medio

Carme Fargas, viuda de Joan Cogul y principal acusada en la malversación de casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña, estuvo cobrando 100.000 pesetas mensuales (unos 600 euros) de Unió Democràtica (UDC) durante año y medio. Los pagos se iniciaron en el verano de 1998, cuando ya había trascendido que la fiscalía estaba investigando el caso tras la denuncia que presentaron Comisiones Obreras e Iniciativa per Catalunya y cuando su marido ya se había dado de baja en el partido después de más de 11 años de militancia. Tras dos años de investigaciones del fiscal Fernando Rodríguez Rey, el caso acabó en un juzgado de Barcelona en 2000 y la semana pasada se empezó a juzgar en la Audiencia de Barcelona.

Los pagos de Unió a Fargas se ingresaron en la cuenta bancaria que compartía el matrimonio, y el concepto que consta en las facturas es "trabajos realizados en nuestras comarcas". Todas las facturas declaran el IVA y el IRPF, de tal manera que la cantidad neta resultante es justamente 100.000 pesetas. Cuando se iniciaron los pagos Carme Fargas formaba parte del comité ejecutivo de mujeres de UDC de Barcelona y también pertenecía al comité local de Reus.

Fargas milita en el partido democristiano desde octubre de 1991, al igual que otras nueve personas que se sientan en el banquillo por el llamado caso Turismo. Unió declinó ayer pronunciarse sobre estos pagos.

Durante su declaración ante el tribunal de la Sección Décima que tuvo lugar el pasado día 6, Fargas insinuó que dirigentes de Unió "presionaron" para que se produjera el desvío de parte del dinero de los fondos del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1992 y 1995, cuando su marido dirigía ese organismo. Sin embargo, Fargas se negó a identificar de manera inequívoca a esas personas. Al ser preguntada si quienes realizaron esas presiones fueron Josep Antoni Duran Lleida y Josep Sánchez Llibre, la acusada declaró: "Podría ser".

El fiscal solicita para los acusados penas de entre cinco y nueve años de cárcel por falsedad y malversación. El juicio se reanudará hoy con la declaración de Montserrat Alsina y Antonio Fortuny, quienes en diciembre de 1991 constituyeron la sociedad Bewetour, SL, y de la que también era accionista Fargas. A través de esa sociedad y de otras dos se desviaron 215.835 euros por informes sobre el sector turístico que resultaron inútiles. Como ya ocurrió en el caso de Fargas, es muy probable que Alsina y Fortuny también reconozcan ante el tribunal su participación en esos hechos.