Propuesta a-democrática

La propuesta que ha hecho el presidente de la Generalitat acerca de la financiación autonómica no es que no quepa en la Constitución, sino que no cabe en ninguna Constitución de un Estado democráticamente constituido por muy descentralizado que esté. Es una propuesta a-democrática. No antidemocrática, sino a-democrática, es decir completamente ajena a lo que por democracia se entiende no sólo en España, sino en todos los países de nuestra cultura política y jurídica.

La democracia en la cultura política y jurídica "occidental" es una forma de organización política que descansa en el individuo y no en las colectividades territoriales en las que éstos están insertos. El ciudadano, cada uno de los ciudadanos individualmente considerado, es el alfa y omega de todo Estado democrático digno de tal nombre. Si se sustituye al individuo por el territorio, por la unidad territorial en la que los individuos viven, como fundamento de una determinada propuesta de naturaleza política, nos estamos saliendo del marco de la democracia, para entrar en otro distinto.

La propuesta del presidente catalán supone dar marcha atrás en el camino que se ha andado a lo largo de siglos

Ese marco distinto es el de la Unión Europea, que no está constituida democráticamente, aunque sí esté integrada por Estados democráticamente constituidos. Cada uno de los 25 Estados de la Unión Europea descansa en un principio de legitimación democrática que se expresa a través de la fórmula de la soberanía popular-nacional. Los ciudadanos alemanes, polacos, españoles..., constituidos en pueblo alemán, polaco o español, son cotitulares en condiciones de igualdad de la soberanía en la que descansan todos los poderes del Estado. Los ciudadanos son el fundamento del poder del Estado en todas sus formas de manifestación. No son los municipios, provincias, regiones, länder o comunidades autónomas el fundamento del poder del Estado, sea éste unitario o federal, sino única y exclusivamente los individuos. Sin esta residenciación de la soberanía en los individuos que constituyen el pueblo, el Estado democrático es sencillamente impensable.

Ese paso es el que todavía nos queda por dar a escala europea. La Unión Europea no es un estado federal, sino una unión de Estados, más próxima a la confederación que a la federación, aunque haya ya elementos que apuntan en esta dirección. Y no es todavía un estado porque no hay una soberanía popular europea, que le sirva de fundamento. Los Estados y no los ciudadanos de todos los Estados continuan siendo el fundamento de la legitimidad de la Unión Europea. De ahí que los Gobiernos democráticamente constituidos de los Estados que integran la Unión Europea y no los órganos genuinamente europeos, Parlamento y Comisión, sean los que políticamente dominan el ejercicio del poder por parte de la Unión.

En esta ausencia de un principio democrático de fundamentación del poder es donde está el origen de la debilidad de la Unión Europea frente a los Estados Unidos de América, que descansan en un principio de legitimación democrática que se expresa de manera rotunda en las primeras palabras de la Constitución de 1787: "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos...". En Estados Unidos la soberanía reside en un pueblo único, integrado por todos los habitantes de todos los Estados. La soberanía no reside en el pueblo de Virginia, de California, de Vermont o de Texas, sino en el pueblo de los Estados Unidos. En esta residenciación unitaria de la soberanía está el fundamento de la fortaleza de los Estados Unidos.

Contra esta fundamentación unitaria del poder del Estado, que es lo que hace posible la legitimación democrática del mismo, es contra la que se dirige la propuesta que ha hecho esta misma semana el presidente de la Generalitat. La propuesta de Pasqual Maragall supone de hecho la fragmentación de la soberanía, que en lugar de descansar en todos los ciudadanos que constituimos el "pueblo español", pasaría a estar residenciada en los distintos territorios constituidos en comunidades autónomas. Al menos en lo que a la financiación se refiere.

La propuesta del presidente catalán supone dar marcha atrás en el camino que se ha andado a lo largo de siglos, antes incluso de que empezara nuestra historia propiamente constitucional a comienzo del siglo XIX, para que España pudiera constituirse como un Estado social y democrático de Derecho, por utilizar los términos del artículo 1.1 de la Constitución.

No hay manera de estabilizar una convivencia pacífica si ponemos en cuestión el lugar de residenciación del poder. El lugar de residenciación de la soberanía no es un problema de naturaleza académica, sino el problema más práctico con el que tiene que enfrentarse toda sociedad que pretenda constituirse democráticamente. No puede haber un Estado español democráticamente constituido con base en un pueblo catalán, otro andaluz, otro gallego y así hasta 17. Ése es un camino de desintegración no solamente territorial, sino también política. Empezaríamos a desandar un camino democrático, para entrar en otro que sabemos como empieza, pero no adónde nos podría conducir.

Afortunadamente, no creo que, tal como está el patio, exista la más mínima posibilidad de que una propuesta como la formulada por Pasqual Maragall pueda imponerse. El Estado autonómico tal como está constituido tras 25 años de trayectoria, dispone de instrumentos más que suficientes para resistir el avance de la mencionada propuesta. Y de instrumentos de carácter democrático no susceptibles de ser sometidos a discusión. El Estado autonómico ante esta propuesta no solamente tiene la fuerza, sino que tiene la razón. Cuando ambas coinciden, el resultado no puede ser más que uno.