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Reportaje:Elecciones en el PaísVasco

El tic amable del Ejecutivo

La ley de Parejas de Hecho y la 'batalla' con las víctimas del franquismo marcan la cara y la cruz de Asuntos Sociales

Mikel Ormazabal

Pongamos que se llama Sebastián y tiene un año y siete meses de edad. Es un niño adoptado por un matrimonio de lesbianas; el primer y único caso reconocido como tal en Euskadi. Digamos que es el primer fruto de la ley vasca de Parejas de Hecho, aprobada en mayo de 2003. Recientemente, el Juzgado de Familia de Guipúzcoa ha reconocido la adopción de este menor, hijo biológico de una de las mujeres, apoyándose en el artículo 8 de la citada normativa, que permite la adopción de menores a las parejas de homosexuales y está plenamente en vigor desde que el Gobierno de Zapatero retiró el recurso de inconstitucionalidad que presentó el anterior Ejecutivo del Partido Popular.

La aprobación de la ley reguladora de las Parejas de Hecho ha sido uno de los hitos de la pasada legislatura. Apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, establece para las relaciones gays un régimen igualitario al matrimonio tradicional en materia económica sucesoria, sanitaria, laboral, social y para adoptar y acoger menores. Con esta norma, desaparecen las discriminaciones legales que han venido denunciando los grupos de homosexuales.

60 presos toxicómanos participarán en un plan de dispensación controlada de heroína, novedoso en España

Otros colectivos no están satisfechos con la gestión de la consejería de Asuntos Sociales. Es el caso de la asociación Geureak-1936, que agrupa a las víctimas vascas de la dictadura franquista. Mantienen una larga batalla con el consejero Javier Madrazo porque muchos (miles) represaliados del 36 han visto denegada la ayuda económica que solicitaron al no poder demostrar su paso por los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, la exigencia impuesta por el Gobierno para recibir las indeminizaciones.

El conflicto ha llegado hasta la oficina del Ararteko, Iñigo Lamarca, quien ha censurado sin tapujos el trato que han recibido las víctimas del franquismo por parte de la consejería y criticado la "polémica aplicación" del decreto aprobado en 2002. Tras la reprimenda del Defensor del Pueblo vasco, el Ejecutivo asegura que "en breve" firmará sendos convenios con los ministerios de Defensa y Cultura para buscar nueva documentación en los archivos de El Ferrol y Alcalá de Henares, para lo cual se contratará a historiadores, con el fin de que haya "más víctimas con derecho a percibir las ayudas", asegura Asuntos Sociales. Inicialmente se presentaron 8.718 solicitudes, pero el Gobierno denegó 6.152. De las 2.320 personas que presentaron un recurso, el departamento aceptó los argumentos esgrimidos por 536, y desestimó los de 1.784 personas (el 41,3% corresponde a los batallones). Hasta ahora, se han repartido casi 25 millones de euros en ayudas a 3.100 víctimas de la dictadura.

Con una asignación presupuestaria menor, el departamento que dirige Madrazo anunció como una iniciativa pionera la dispensación controlada de heroína en la prisión alavesa de Nanclares de la Oca. Sesenta presos que han fracasado en los tratamientos de deshabituación con metadona participarán en este ensayo pionero en España que ha sido bien recibido por la Dirección General de Instituciones Peninteciarias. El Gobierno quiere empezar a finales de este año y ha destinado una partida de 500.000 euros para este plan, cuyo objetivo es minimizar el daño sanitario que genera el consumo dentro de las prisiones. Es un programa copiado de Suiza, de donde la Dirección vasca de Drogodependencias también ha importado otro dirigido a los toxicómanos de la calle. Es la sala de venopunción abierta en noviembre de 2003 en Bilbao, la conocida narcosala de la calle Bailén, gestionada por la ONG Médicos del Mundo, una de las iniciativas que más satisfacción produce a la consejería de Asuntos Sociales.

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En la pasada legislatura también se aprobó el Plan de Inmigración, que cuenta con un presupuesto de 44 millones en cuatro años para conseguir "la adaptación plena" de los extranjeros, su acogida en la red de servicios sociales y en el sistema sanitario, y su adaptación en la red educativa.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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