La asamblea legislativa de Ciudad de México rechaza la pérdida de inmunidad del alcalde

Una confusa batalla legislativa entre los poderes federal y municipal ha sumido momentáneamente en la incertidumbre al Gobierno de la Ciudad de México y a la política del país. La asamblea legislativa de la capital mexicana no reconoce el desafuero del alcalde, Andrés Manuel López Obrador, votado en la noche del jueves por una amplia mayoría del Congreso de Diputados. Mientras los legisladores municipales no acepten la destitución del alcalde, éste mantiene su inmunidad y el proceso penal que las autoridades nacionales quieren iniciar contra él no puede ponerse en marcha.

La controversia tiene visos de una maniobra política de última hora, a la espera de que entre en acción la justicia. Aprovechando el desconcierto, algunas voces han advertido que están en peligro las instituciones. La fiscalía esperaba ayer la notificación de la Cámara de Diputados para pedir a un juez la detención de López Obrador y su posterior procesamiento por desobediencia a un juez en una disputa de terrenos urbanos. El alcalde aguarda en su domicilio la resolución de los jueces y no se sabe a ciencia cierta si mantiene en sus manos los hilos del poder municipal. Aparentemente, el encargado del despacho de López Obrador es el secretario de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas. Así debería ser durante los próximos 30 días, a la espera de que la asamblea legislativa nombre un nuevo alcalde.

"Hemos entrado en un terreno de indefinición jurídica. La Suprema Corte de Justicia tiene que resolver con urgencia si se aparta a Andrés Manuel López Obrador de su cargo", dijo Encinas, quien aseguró que la ciudad está funcionando con plena normalidad, "la gobernabilidad está garantizada" y que no hay peligro alguno de desaparición de poderes. Puso como ejemplo la gigantesca movilización ciudadana en la noche del jueves al viernes en memoria del Papa Juan Pablo II, que discurrió por las calles de la ciudad sin incidentes. López Obrador ya había sido desaforado.

¿Quién manda en la capital mexicana? "Todos trabajamos juntos y vamos a asumir la responsabilidad que nos toque", aseguró el encargado del despacho del alcalde. "Nadie renuncia, está prohibido hacer maletas", añadió. No hay, pues, nada que temer, según el jefe municipal en funciones. El Ayuntamiento asegura los subsidios de 600 pesos mensuales (poco más de 60 dólares) que reciban los mayores de 60 años, al igual que todos los programas sociales de ayuda a los más adultos.

El fondo de la polémica sobre la situación de López Obrador, que ya se puso de manifiesto en una enrevesada disputa verbal entre los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados antes de la votación del dictamen de desafuero, tiene que ver con la interpretación de las leyes. Los dirigentes del PRD, al que pertenece el alcalde, interpretan que por encima de todo está la Constitución, como ley suprema que es. El artículo 111 de la Carta Magna establece que un servidor público quedará separado de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal. En cambio, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.

Detención

Anoche, López Obrador no había sido sometido a proceso, con lo que su situación como jefe de gobierno municipal depende de qué texto legal se interprete. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, el caso está cerrado después de la votación contundente a favor del desafuero. "Ahora le toca a la Procuradoría [fiscalía] General de la República hacer su trabajo", señaló.

La PGR tiene potestad para solicitar a uno de los jueces federales la detención de López Obrador, quien puede aceptar o no el caso, tras lo cual dispone de un plazo de 10 días para decidir las diligencias. Hasta aquí, la actuación en el ámbito judicial. Políticamente, la votación para retirar la inmunidad constitucional del alcalde y someterle a juicio fue contundente. Votaron a favor 360 diputados; en contra, 127; hubo dos abstenciones, y 10 parlamentarios estaban ausentes. El resultado adquiere mayor significado si se tiene en cuenta que los dos grandes partidos, el PRI y el Partido de Acción Nacional (PAN), en el Gobierno federal, votaron prácticamente en bloque contra López Obrador. El partido gubernamental sólo tuvo una deserción, mientras que en las filas priístas tan sólo 11 diputados rechazaron el dictamen de desafuero. El alcalde se quedó con los votos de su partido, de dos pequeñas formaciones como el Partido del Trabajo y Convergencia, y la mitad de los diputados del Partido Verde.