El Congreso de México decidirá si se juzga por desacato al alcalde de la capital
El izquierdista López Obrador, aspirante a la Presidencia, se dice dispuesto a ir a la cárcel
El camino para la destitución y procesamiento del alcalde de Ciudad de México y favorito en las elecciones presidenciales del año próximo, Andrés Manuel López Obrador, quedó abierto ayer con el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, por tres votos a uno, a favor del desafuero del jefe de gobierno de la capital por presunto desacato. Los 500 diputados de la Cámara baja deberán ratificar o revocar la semana próxima el desafuero, que puede truncar la carrera política del alcalde y abrir una etapa de gran incertidumbre política en México.
Después de seis horas de discusión, los cuatro integrantes de la Sección Instructora comparecieron ante la prensa para anunciar el resultado de la votación. Paradójicamente, el primero en hablar fue Horacio Duarte, presidente de la comisión y diputado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece López Obrador. Fue el único que votó en contra del desafuero. "Con esta decisión, el país entrará en una etapa difícil", advirtió, y añadió que "se equivocan quienes piensan que el jefe de gobierno [del Distrito Federal] tiene los días contados". Duarte tuvo palabras muy duras para sus compañeros de comisión, y aseguró que "se está generando un golpe de Estado contra los habitantes de Ciudad de México" al apartar de su cargo a un alcalde electo.
Rebeca Godínez, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que votó a favor del desafuero, dijo haber actuado apegada a derecho para que la justicia dirima sobre la culpabilidad o inocencia de López Obrador. "No lo hemos separado del cargo. Sólo pedimos que se le retire la protección parlamentaria para que puedan actuar los jueces", señaló la diputada priísta.
Ciudad de México vivió ayer una jornada de gran expectación, no exenta de tensión, a la espera de esta decisión trascendental y del efecto que causó en los mexicanos la agonía del papa Juan Pablo II. El caso que involucra a López Obrador se remonta a noviembre del año 2000, cuando el Ayuntamiento de Ciudad de México ordenó la expropiación de un predio privado conocido como El Encino para la construcción de una calle de acceso al hospital ABC. El propietario presentó el oportuno recurso de amparo y el caso evolucionó hasta que en mayo del año pasado la Fiscalía de la República pidió el desafuero del alcalde por desacato de una orden judicial. La decisión quedó en manos de los diputados Godínez y Francisco Frías, del PRI, Alvaro Elías, del Partido de Acción Nacional (PAN), y Horacio Duarte, del PRD, miembros de la Sección Instructora.
Hasta hace dos días uno de los dos votos del PRI -del diputado Frías- seguía indeciso, lo que mantuvo abierto el interrogante hasta el último momento sobre el éxito del desafuero, ya que en caso de empate en la Sección Instructora el caso habría quedado archivado. No había dudas de que la otra diputada del PRI, Rebeca Godínez, y el del PAN (el partido en el Gobierno) votarían a favor del procesamiento de López Obrador, y que el diputado del PRD lo haría en contra. Todas las miradas confluían en Francisco Frías, que pidió aplazar la discusión del dictamen prevista para el pasado miércoles hasta el día de ayer. El líder del PRI y precandidato a la presidencia, Roberto Madrazo, dijo en varias ocasiones que los diputados de su partido tienen plena libertad para votar según su conciencia. Hasta fecha reciente no ocultaba su opinión contraria al desafuero de López Obrador.
Desde la víspera de la reunión de la Sección Instructora en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, efectivos de la policía reforzaron la seguridad de los edificios del Gobierno federal y de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Grupos de manifestantes se congregaron en distintos puntos de la ciudad. El PRD tiene preparada una campaña de movilizaciones callejeras, y para ello está dispuesto a utilizar los recursos materiales y humanos del partido, del Gobierno de la capital, de la Asamblea Legislativa y de las redes ciudadanas afines.
En su habitual conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró sus acusaciones contra el presidente Vicente Fox y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) de "estar aliados" en su contra, y se comparó con el líder negro estadounidense Martin Luther King. El alcalde dijo que no pagará fianza ni presentará recurso de amparo. López Obrador considera que el PRI y el PAN se han puesto de acuerdo para apartarlo de la carrera electoral porque encabeza un "proyecto alternativo" de nación.
La inhabilitación como posible tabla de salvación
La inhabilitación de Andrés Manuel López Obrador no sólo le apartaría de la carrera para llegar a la presidencia de México en las elecciones del próximo año, sino que le "convertiría en el máximo héroe mexicano del siglo XXI; podría provocar caos político; proyectaría una imagen negativa del país en el mundo, y reduciría de manera sensible las aspiraciones presidenciales de Roberto Madrazo y de mi partido, el Revolucionario Institucional".
Así se expresaba ayer Juan Sigfrido Millán, ex gobernador del Estado de Sinaloa y destacado dirigente del PRI, el partido histórico mexicano que gobernó durante más de 70 años.
Como Millán opinan diversos políticos que no pueden ser catalogados como partidarios de López Obrador. Son opiniones que consideran que en este caso es peor el remedio que la enfermedad que pretende curarse. El gran argumento de quienes defienden el procesamiento del alcalde es la defensa de la legalidad. Aquí no se juzga la culpabilidad o inocencia de López Obrador, sino si hay elementos suficientes para que el caso se ventile en el ámbito judicial, estiman en las filas del PAN, principal defensor del desafuero, y del PRI.
El precio del desafuero, si finalmente se aprueba, será una ola de movilizaciones callejeras en aquellas ciudades donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuenta con los medios para ello. A la cabeza de todas ellas está la capital federal, bastión del PRD. La algarada puede sustituir al debate político, con el consiguiente enrarecimiento del clima política a más de un año de las elecciones presidenciales.
Para algunos observadores, el desafuero ha sido el instrumento político de López Obrador más importante en los últimos diez meses, que le rescató de la situación comprometida en la que quedó atrapado a raíz de los escándalos de corrupción que afectaban a dos de sus colaboradores más cercanos.
El columnista Jorge Fernández Menéndez escribía ayer que mientras todo el mundo habla del desafuero nadie lo hace sobre la gestión del Gobierno del alcalde, que merece más de una crítica en los terrenos de la inseguridad, el aumento de la deuda municipal o la falta de transparencia.
"Está gastando en su campaña antidesafuero más de un millón de pesos diarios en spots de televisión y nunca ha explicado de dónde proviene ese dinero. Dejando atrás el desafuero, podría exigírsele rendición de cuentas y propuestas que vayan más allá de su supuesta persecución", concluyó el articulista.
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