El PSOE insta a Arenas a llevar las facturas irregulares de Málaga al fiscal Anticorrupción
El PP sostiene que se trata de meros errores materiales y que está garantizado el control
La tensión política en Andalucía no deja de crecer. El secretario regional de organización del PSOE, Luis Pizarro, instó ayer a Javier Arenas a que "se aplique su misma medicina" y envíe también a la Fiscalía Anticorrupción las 53 facturas a cuyo pago ha puesto reparos el interventor municipal de Málaga tras detectar diversas irregularidades, como ha anunciado que hará con las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla. El PP restó ayer importancia a estas notas de reparo, que dijo son "un mecanismo de fiscalización que garantiza que los trámites administrativos sean correctos".
Pizarro reclamó al presidente regional del PP en un comunicado que "coja el toro por los cuernos" y que asuma responsabilidades por la gestión de su partido "como hemos hecho los socialistas, en un gesto de dignificación de la vida política". El secretario de organización socialista acusó a Arenas de no saber hacer política más que "desde la mentira y la hipocresía" y de "trasladar la crispación mediante la fullería".
Esta reacción del número dos del PSOE contrasta con la moderación del grupo municipal socialista en Málaga, que reconoce que no podrá determinar el alcance de las irregularidades hasta que el equipo de gobierno no les entregue los expedientes de las 53 facturas, y en un comunicado se limitó a criticar el sistema de fiscalización de pagos seguido por el equipo municìpal. Tampoco hizo seguimiento alguno Izquierda Unida, que el jueves destapó el asunto durante un pleno municipal y propuso una comisión de investigación que ni siquiera fue votada.
La concejal de Economía en el Ayuntamiento de Málaga, Carolina España, negó que las objeciones del interventor fueran notas de reparo, que tienen el efecto de paralizar los expedientes, y que se trataba de "observaciones" por algunos "errores". La edil del PP aseguró que 28 de las 53 facturas fueron subsanadas de manera inmediata y que el resto fueron devueltas a las respectivas áreas de procedencia para que fueran "completadas y justificadas". Todos estos procesos, según la concejal, "dan una gran garantía de seguridad y permiten la fiscalización de todos los pagos municipales".
Pese a que la concejal sostiene que se trata de meras objeciones, el pasado 8 de febrero, el alcalde, Francisco de la Torre, firmó un decreto de levantamiento de reparo de algunas de las facturas, lo que permite continuar los trámites administrativos. Según España, en 21 casos no ha habido ningún tipo de objeción, y de las 32 restantes, la mitad correspondían a pago de subvenciones conveniadas con ONG a las que le faltaba parte de la documentación requerida a las interesadas.
Duplicidad de escritura
En nueve casos, el interventor formuló reparo por falta de consignación presupuestaria y en otros siete por duplicidad. España aseguró que "no existe duplicidad de factura" sino "duplicidad de escritura en la redacción de los decretos", que también dijo se ha corregido.
El pasado 30 de diciembre, último día hábil del ejercicio, la concejal firmó un decreto con más de 800 facturas de pagos a proveedores y subvenciones que intervención no tuvo tiempo de fiscalizar previamente. Según España, desde hace varios años se arbitró la fórmula de que el área de economía reconozca las facturas cuando son presentadas en bloque -algo "inevitable en un Ayuntamiento que tramita al año 18.000 documentos de pago"-, "con el condicionante expreso de que sean fiscalizadas por intervención a posteriori".
La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, lamenta el uso de este sistema, porque crea "inseguridad jurídica" y "permite que se pague cualquier gasto anómalo". Según Bustinduy, para De la Torre el interventor es una mera "figura decorativa". La oposición desconoce el montante total de las 53 facturas reparadas (las 800 incluidas en el decreto de 30 de diciembre sumaban 16,6 millones de euros).
Según el secretario regional del PP, Juan Ignacio Zoido, "los socialistas están desesperados por distraer la atención de la corrupción generalizada en la que se mueven". De acuerdo son el argumento de los errores materiales de la concejal de Hacienda, Zoido dijo que "en Málaga "se corrigen faltas de ortografía en las facturas, y en Sevilla, se roba".
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