Ecologistas denuncian ante la fiscalía construcciones ilegales en un pinar protegido de El Puerto

La asociación Ecologistas en Acción presentó ayer ante la Fiscalía de Cádiz una denuncia contra el alcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz Cortés (Independientes Portuenses), el concejal de Urbanismo de este municipio, Juan Carlos Rodríguez, y el promotor inmobiliario José Pinto, quien vendió una finca en un pinar, que forma parte de un sistema general de espacios libres. Los ecologistas les denuncian por delitos contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y por prevaricación medioambiental con omisión dolosa o imprudente.

Según mantiene Ecologistas en Acción, el propietario vendió y permitió la parcelación del terreno para la construcción de viviendas, mientras que los responsables políticos denunciados no intervinieron contra dicha actuación, a pesar de estar obligados a ello.

Los ecologistas también les acusan de ser responsables de la proliferación de construcciones en el área conocida como el Pinar del Coig, una zona de especial protección al estar incluida en el sistema general de espacios libres, como así está clasificada en el Plan General y en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.

En el escrito presentado ante el fiscal, se denuncia el "proceso creciente de parcelaciones y construcciones ilegales en el Pinar del Coig" y se recuerda las múltiples denuncias interpuestas ante diferentes órganos administrativos de El Puerto de Santa María. Así mismo, los ecologistas adjuntan fotos realizadas el pasado 3 de marzo, cuando tras recibir varias llamadas ciudadanas, comprobaron personalmente las numerosas viviendas nuevas levantadas en la zona. Unas obras que, según explican, contravienen las normas urbanísticas de El Puerto de Santa María.

Los portavoces de la asociación, Joaquín Paloma y Juan Clavero, firmantes de la denuncia, advirtieron también de que estas obras y parcelaciones se realizan con "la presunta colaboración de las empresas suministradoras de agua, Apemsa, y electricidad, Sevillana-Endesa", que han dado servicio a estas viviendas, a pesar de su irregular construcción. Precisamente, en el escrito, piden a la Fiscalía que exija al Ayuntamiento de El Puerto que dé a conocer quién extendió el informe dirigido a las compañías de agua y electricidad, en el que defendía que las viviendas disfrutasen de agua y luz.

Los ecologistas anunciaron ayer que, si el fiscal admite a trámite la denuncia, se presentarán como acusación particular en la causa. "Pedimos que se frene la construcción en el Pinar del Coig, el del Obispo y la zona de Las Lagunas y que se restaure su estado natural, es decir, que se derriben las viviendas que hay allí porque eso es lo que establece la ley", dijo Clavero. Según sus cálculos, bajo el gobierno de Independientes Portuenses se han levantado más de cinco mil construcciones ilegales.