Cuatro sentencias anulan adjudicaciones del PP de La Vila por "arbitrarias"

Cuatro sentencias de dos juzgados de Alicante han anulado los procesos públicos de adjudicación de obras de remodelación de instalaciones deportivas tramitados por el gobierno local de La Vila Joiosa, del PP, por considerarlos arbitrarios. Las obras, valoradas en unos 4,8 millones de euros, se encuentran prácticamente concluidas. Pese a las sentencias, el alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, visitó ayer una de las obras ilegales.

La remodelación del campo de fútbol municipal de La Vila y las reformas de otras dos instalaciones deportivas, contratadas por el gobierno local a la empresa El Samex, SA por importe de casi cinco millones de euros, son ilegales desde su origen, es decir, desde la aprobación plenaria de los proyectos técnicos hasta la contratación de las obras. Dos juzgados de lo contencioso-administrativo de Alicante, los números 2 y 3, han sentenciado que los expedientes de contratación municipales son nulos de pleno derecho.

Según una sentencia del Juzgado 2 de Alicante notificada el pasado mes de febrero, la autora del plan de remodelación del campo de fútbol, la arquitecta técnica municipal de La Vila, carece de competencia para redactar el citado proyecto, ya que "se trata de una construcción que por su naturaleza está destinada al uso público". Argumenta el fallo judicial que, en garantía a la seguridad, y por tanto de la vida humana, las construcciones destinadas al uso público han de ser proyectadas por técnicos superiores, es decir arquitectos superiores, no arquitectos técnicos.

En otro episodio de esta sentencia, el magistrado Ernesto Pérez Soler asegura que el gobierno local limitó el derecho de los concejales de la oposición a disponer de elementos de juicio para votar en el pleno la propuesta del PP municipal. Pese a las sentencias, el alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, visitó ayer las obras y anunció que estarán listas en un mes

3El gobierno de La Vila Joiosa que preside del popular José Miguel Llorca benefició a la empresa El Samex SA en el expediente de contratación y adjudicación de las obras de remodelación del campo de fútbol El Pla de esa población. El titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Alicante indica en su fallo: "...es patente la finalidad de favorecer a determinadas empresas en detrimento de otras" después de explicar cómo el gobierno local favoreció a El Samex.

Según el juez, los criterios de valoración del concurso fueron arbitrarios, puesto que no está justificado el hecho de que se otorgara la mayor puntuación para la adjudicación del contrato al criterio de haber ejecutado o estar ejecutando obras de instalaciones deportivas en ese municipio.

La sentencia anula todos los actos recurridos por el concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, es decir, todo el expediente desde su origen hasta el final de su tramitación. Tanto esta sentencia como otras tres referidas a la remodelación del campo de fútbol y a la reforma de otras instalaciones deportivas, en concreto a otros dos campos de fútbol adjudicadas también a El Samex, son firmes una vez transcurrido el plazo legal para poder recurrirlas.

Las obras, no obstante, siguen adelante. El concejal Pedro Lloret ha pedido la ejecución de las sentencias y se personó recientemente en las obras acompañado por el secretario municipal y un agente de la Policía Local para levantar acta de los trabajos proseguían con normalidad.

Ajeno a los fallos de la justicia, el alcalde de La Vila realizó ayer una visita protocolaria a la remodelación del campo de fútbol. "La Vila será la envidia de otras poblaciones", dijo el alcalde durante la visita.

Atrium

Por otro lado, la oposición en La Vila Joiosa insistió ayer en reclama responsabilidades políticas para empezar a negociar la posible legalización del hotel Atrium Beach, que excede en 53.000 metros cuadrados (11 plantas) la edificabilidad autorizada.

El equipo de gobierno pretende legalizar también el hotel Elbim, en primera línea de la playa centro de La Vila, paralizado desde 2001. El Ayuntamiento aprobó un decreto de demolición de todo el complejo por exceso de obra, una planta más de las cinco autorizadas en el PGOU vigente en 1999. El Ayuntamiento, a diferencia de su actuación en el Atrium, ordenó la demolición total del hotel nada más concluir la estructura y, además, desestimó un instrumento legal, el llamado Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), como fórmula para legalizar la obra.

La oposición insiste en la necesidad de "restituir" la legalidad urbanística en ambos casos, el Atrium y el Elbim, y reclama la asunción de responsabilidades políticas por parte del PP, al menos hasta el nivel del concejal de Urbanismo, Amadeo Sánchez.