Trabajo sólo dará subvenciones a las empresas que contraten discapacitados

El Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat sólo otorgará subvenciones a las empresas de más de 50 trabajadores que cumplan con la Ley de Integración Social de Minusválidos, que obliga a tener el 2% de personas discapacitadas en sus plantillas. El consejero, Josep Maria Rañé, anunció ayer esta medida, inédita en Cataluña, durante la presentación del informe Las cuentas de la economía social.

"Tienen que cumplir la normativa vigente e incorporar el 2% de discapacitados en sus plantillas, como dice la ley. Así, las ayudas públicas que otorga el departamento estarán condicionadas por el cumplimiento de esta ley" afirmó Reñé.

El departamento que dirige Rañé destinará durante este año 1,45 millones de euros -el triple que en 2004- para favorecer la integración laboral y la prestación de servicios de proximidad a las personas con dificultades especiales de inserción laboral. También hacia las llamadas empresas de economía social, es decir, las de actividad voluntaria y de iniciativa privada a favor de los sectores sociales más desfavorecidos, que accederán a las ayudas de la formación ya existentes, particularmente mejorando el trato en la formación continua.

Así, las convocatorias de formación del Gobierno del Estado y del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) en materia de formación continua reservan el 6% de los recursos a cooperativas, sociedades laborales y trabajadores autónomos.

Rañé explicó la gran importancia del tercer sector durante la presentación del informe Las cuentas de la economía social, dirigido por José Luis García Hidalgo y financiado por la Fundación ONCE. "El tercer sector responde a las nuevas realidades sociales y facilita la incorporación de la responabilidad social en las empresas sin crear desigualdades", argumentó en la sede de la ONCE en Barcelona.

La importancia de esta economía salta a la vista con sus cifras. El informe, elaborado con datos de 2001, destaca que forman parte del tercer sector 942.093 asalariados y 4.244.568 voluntarios españoles. La suma de todas las entidades -asociaciones, fundaciones, entidades singulares, cajas de ahorros, cooperativas, sociedades laborales y mutualidades- es de 64.962 en todo el país. Éstas generan 31.073 millones de euros anuales de valor añadido, lo que representa casi el 5% del producto interior bruto.

Cataluña es la comunidad autónoma "aventajada", explicó García Hidalgo. No en vano, en Cataluña el tercer sector es el más amplio en términos absolutos de toda España, y en término relativos está por encima de los promedios nacionales. En 2001, Cataluña contaba con 41.000 entidades, y unos 190.000 trabajadores asalariados, contabilizando las cajas de ahorro. Si se suman a los 658.000 voluntarios, todos ellos representan un empleo equivalente de casi 240.000 trabajadores a tiempo completo, casi el 8% del empleo asalariado.

El objetivo del estudio, "no es tan sólo radiografiar la economía social, sino también informar a las administraciones públicas del auge de este sector para poder trabajar, en un futuro inmediato, en igualdad de condiciones respecto con otros sectores de la economía", dijo Alberto Durán, primer vicepresidente de la Fundación ONCE.

García Hidalgo vaticinó un crecimiento del tercer sector tanto por razones demográficas -envejecimiento de la población e inmigración- como por razones democráticas ya que se necesitan, cada vez más, políticas públicas de bienestar.