Los partidos planean cambiar el pacto antitransfuguismo ante su ineficacia

Todos los partidos decidieron ayer crear una comisión de expertos que dirima si una moción de censura en un Ayuntamiento constituye o no un caso de transfuguismo y estudie cómo mejorar el funcionamiento del Pacto Antitransfuguismo. En la reunión de ayer de su comisión de seguimiento, convocada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se constató la ineficacia del pacto ya que populares y socialistas no se ponen de acuerdo a la hora de calificar de transfuguismo casos que afectan a uno u otro partido.

El ministro de Administraciones Públicas constató en la reunión de ayer -a la que asistieron representantes del PSOE, PP, CiU, IU, Chunta Aragonesista y Partido Andalucista- el fracaso de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, creada en julio de 1998, por no ponerse de acuerdo el PP y el PSOE en calificar de transfuguismo los 45 casos existentes, según el informe del propio ministerio, desde mayo de 2003, fecha de las últimas elecciones municipales.

La principal disensión en la comisión del Pacto Antitransfuguismo se produjo en noviembre, cuando el PSOE perdió la alcaldía de León, localidad emblemática para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al retirarle el apoyo el partido regionalista con el que gobernaba y dárselo al PP, tras una polémica moción de censura.

León es el segundo municipio de más de 100.000 habitantes implicado en un eventual caso de transfuguismo, desde que se firmó el pacto contra ese fenómeno en julio de 1998. El primero fue Marbella (Málaga).

Profundas diferencias

La sesión de la comisión celebrada ayer profundizó en esas diferencias, al no considerar el PP transfuguismo lo ocurrido en Cortés de Arenoso (Castellón), donde el PSOE perdió la alcaldía, mientras los socialistas no valoraron como tal la pérdida del PP de la Diputación de Almería, como consecuencia de la expulsión de cuatro diputados provinciales de las filas populares.

Según precisó Sevilla, en su informe, desde mayo de 2003 se han presentado 120 mociones de censura y en 45 de ellas se han producido fenómenos de transfuguismo. La conclusión no es muy alentadora, según el ministro, ya que en el mandato municipal de 1999-2003 se presentaron 178 mociones de censura, 59 de ellas con transfuguismo.

Por partidos, según el informe de Administraciones Públicas, es el PP el más beneficiado y el PSOE el más afectado. Mientras los socialistas han perdido 19 alcaldías desde las elecciones de mayo de 2003 por transfuguismo, el PP sólo 10. A su vez, CiU e IU han perdido dos alcaldías cada una. En cambio, el PP ha ganado 18 alcaldías y el PSOE, seis.

Por comunidades autónomas, Castilla y León es la más afectada, con nueve casos; seguida de la Comunidad Valenciana, con seis, y Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, con cinco. Por lo que se refiere a tramos de población, la mayoría de los casos de transfuguismo se producen en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con 31 casos. Los municipios de 5.000 a 20.000 habitantes registran nueve casos y los de más de 20.000, cinco.

No obstante, el ministro de Administraciones Públicas tampoco quiso dramatizar y recordó que cuando se habla de transfuguismo en la vida local, se habla "de algo que afecta al 2% del total de los municipios" desde las elecciones. "Es decir, estamos hablando de casos minoritarios", pues "la mayoría de los municipios funcionan y funcionan bien", zanjó Sevilla.

El ministro propuso, con el consentimiento de los partidos reunidos, la creación de una Comisión de Arbitraje o de expertos, que dictamine sobre los casos de transfuguismo polémicos en los que no existe acuerdo entre los partidos. También propuso, a propuesta del representante socialista, Álvaro Cuesta, la modificación de la ley electoral para reforzar la mayoría requerida para que prosperen las mociones de censura.

Los partidos también estudiarán la posibilidad de decretar que las formaciones no incluyan en sus listas electorales para comicios locales a aquellos militantes que hayan incurrido en casos de transfuguismo en la legislatura anterior. Y, a propuesta de ICV, extender las sanciones contra los tránsfugas en los municipios a los de los parlamentos autonómicos.