Las constructoras y la dirección de obra se acusan mutuamente del hundimiento del Carmel

La causa inmediata del hundimiento del túnel del Carmel fue la actuación para construir una solera (base de sostén entre las dos paredes del túnel para evitar movimientos). Al realizarla, se tocó una falla lateral no detectada y se produjo el hundimiento al no resistir la bóveda del túnel. Pero ¿quién dio la orden de realizar la citada solera? La dirección de obra asegura que no dio instrucciones para ello, mientras que la constructora, una UTE (unión temporal de empresas) formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa, asegura que los resultados de los análisis le permitían realizar esa actuación. Es decir, la dirección de obra pone a la constructora en el disparadero y ésta se defiende señalando que el director de la obra no le impidió expresamente realizar la citada solera. Así se desprende de un informe elaborado por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas presentado ayer en el Parlamento.

El documento fue utilizado por el diputado de ERC Oriol Amorós en sus preguntas a Jordi Julià, director general dimisionario de Transportes, quien reconoció las divergencias sobre este aspecto de la obra entre la ingeniería y las constructoras. Julià, que compareció ayer en la comisión de investigación parlamentaria, fue muy crítico con el proyecto constructivo, que calificó de "justito" y "cojo". El proyecto fue realizado por una UTE integrada por Geocontrol y Tec-4, empresas que luego obtuvieron la dirección de obra. Julià adujo que el estudio de ingeniería geológica en el que se basa el proyecto no había acertado ni el tipo de terreno en el que se realizaba el túnel ni, en consecuencia, en los refuerzos que instalar ni en el ritmo de avance de las obras.

Responsabilidad compartida

La UTE, señalada en el informe como responsable por realizar la solera sin autorización de la dirección de obra, sostiene que hizo "una propuesta de sostén diferente" en el túnel donde se produjo el hundimiento y fue rechazada por la dirección de obra, que hizo otra distinta. Las constructoras sostienen que la suya era "más conservadora y sólida" que la finalmente impuesta por la ingeniería que asumió la dirección del proyecto.

El informe relata que, en opinión de GISA, la empresa que encarga y supervisa la obra, "la responsabilidad" del hundimiento es compartida entre "la dirección de obra y el contratista". Las divergencias entre ambas compañías quedan bien reflejadas. La UTE constructora se queja de que la dirección de obra le regatea dinero para refuerzos y, dice el informe, "indica que los rendimientos del proyecto original eran excesivamente elevados y no se consiguieron en ninguna fase de la obra", ya que partía de "unos cálculos demasiado optimistas", al igual que los realizados sobre los movimientos en el túnel.

La UTE propuso en octubre de 2003 una modificación con un incremento del precio en el que la obra fue adjudicada y GISA respondió negativamente justificando la negativa en que "los rendimientos y precios básicos son a riesgo y ventura del contratista". Más tarde se alcanzó una solución en la que estuvieron de acuerdo las constructoras y la dirección de obra. No obstante, la constructora explicó al Gobierno catalán que "las soluciones del proyecto no eran válidas".

La información aportada por las dos empresas a Política Territorial, cuyo titular es Joaquim Nadal, son "heterogéneas e incompletas" y no permiten establecer con precisión las responsabilidades de cada una de ellas. La compañía pública señala que en los libros de órdenes no figura, respecto al asunto de la solera, ni la "orden de comenzar ni la de continuar ni la de parar". Esta última habría debido producirse si la constructora hubiera actuado sin autorización.