El Gobierno destina 57 millones a construir 16 centros escolares

El Gobierno catalán acordó ayer destinar 57,4 millones de euros a construir 16 centros escolares (13 escuelas de enseñanza infantil y primaria y tres institutos de educación secundaria) en diversas poblaciones de Cataluña. El Ejecutivo encargó la ejecución y el mantenimiento de estas actuaciones a la entidad ICF Equipaments, que después de construir los edificios los pondrá a disposición de la Generalitat. El objetivo es que los nuevos centros estén disponibles para el curso 2006-2007. Las 13 escuelas de primaria se ubicarán en las localidades de La Bisbal del Penedès, Castelló d'Empúries, Girona, Masquefa, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Terrassa, Vic, Salomó, Sant Climent de Llobregat, Sant Llorenç d'Hortons y Sant Andreu de la Barca. Los tres institutos estarán situados en Barcelona, Lliçà de Vall y Tona.

- El 012 y el 902. Dos de los servicios telefónicos que ofrece la Generalitat, el 012 (de atención ciudadana) y el 902 (de trámites administrativos), saldrán a concurso público. Así lo acordó el Consell Executiu, que destinará nueve millones de euros a la convocatoria para la contratación del servicio. El objetivo del Gobierno catalán es unificar las dos plataformas en una única infraestructura tecnológica que permita gestionar los trámites, la información y los servicios que prestan ambos números. La unificación ampliará el número de trámites que actualmente los ciudadanos pueden llevar a cabo a través de la Administración Abierta de Cataluña llamando al 902. Por otro lado, el 012 ha ido ampliando sus funciones desde 1999 y ha acabado por asumir información de multitud de servicios: trámites administrativos, ámbito sociosanitario, movilidad, tiempo libre, ámbito educativo y laboral y legislación, entre otros.

- Medio ambiente. El Gobierno aprobó también un decreto en el cual se concretan algunos aspectos de la denominada Ley de la Intervención Integral de la Administración Ambiental. Esta normativa se desplegó en julio de 2004 y definía los trámites y licencias que debía solicitar cada actividad económica, en función de su incidencia en el medio ambiente. Según el Ejecutivo, el proceso de adecuación a esta ley provocó una serie de "disfunciones". La razón es que la mayoría de empresas iniciaron este proceso a finales de 2003, con lo cual las entidades gestoras se vieron "desbordadas". El decreto aprobado ayer detalla qué tipo de actividades quedan sujetas a la ley, qué documentación se tiene que presentar y cuáles son los órganos de gestión competentes. El mismo decreto modifica la actual regulación de las deyecciones ganaderas para adaptarla a la Ley de Intervención Integral. El objetivo es disponer de un censo de actividades con incidencia ambiental y que todas dispongan de un mismo estatuto, simplificando así los trámites.