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Reportaje:

Ni en casa de papá ni de mamá

Los puntos de encuentro entre hijos y padres en litigio cumplen 10 años a la espera de una regulación

Todo recuerda a una casa cualquiera, de una familia cualquiera con niños pequeños: una sala de estar, un tresillo, un televisor y juguetes por todas partes. Es precisamente lo que pretenden reproducir los puntos de encuentro familiares: la normalidad. Se crearon a mediados de los años noventa para garantizar el derecho de los niños a seguir viendo a sus padres cuando éstos están inmersos en un proceso judicial por una denuncia de malos tratos, de abusos, o cuando en un proceso de divorcio, el juez ha retirado a uno de los progenitores la custodia de un hijo. En España hay unos 60 centros de este tipo, cofinanciados entre Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos.

En 2004, la red de casas de la Federación Nacional de los Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas (Fedepe) atendió a más de 10.000 familias y realizó unas 100.000 intervenciones. Pero estas instituciones, creadas por asociaciones y particulares, y que reciben ayudas públicas, carecen de regulación homogénea.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, elaboró una recomendación en diciembre en la que resaltaba la "eficacia" de los puntos de encuentro y pedía a las comunidades autónomas y al Ministerio de Justicia que, "ante las lagunas normativas existentes", se regulen "las características, funcionamiento y prestaciones" de este tipo de centros. El Gobierno ha indicado que este año se le dará "un impulso definitivo" a esta institución.

Dentro de la ley

Durante la tramitación de la Ley de Violencia de Género, la presidenta de Fedepe, Marisa Sacristán, compareció en la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso para pedir que los puntos de encuentro fueran regulados a través de dicha ley.

"Pedimos que se aplique una misma metodología en todos los centros, que los horarios sean los mismos, que los trabajadores tengan una preparación adecuada", indica Sacristán quien, además de presidir Fedepe, es responsable de la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores (Aprome), organización con 15 puntos de encuentro repartidos entre Castilla y León y Madrid y que, desde su creación en 1994, ha atendido a 3.000 familias en más de 40.000 intervenciones. La ley contra la violencia de género no menciona los puntos de encuentro. "Son un servicio social, y las competencias están transferidas", explica la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce. Cada año, Trabajo destina unos tres millones de euros para financiar estos centros.

"Firmamos convenios con las comunidades autónomas, que también aportan financiación. No existe legislación, pero nosotros establecemos unos criterios para conceder esas ayudas. El punto de encuentro debe estar equipado debidamente, con un personal profesional y multidisciplinar, y ser gestionado por alguna institución pública o por entidades sin ánimo de lucro", explica Valcarce. Fedepe pide que se implante un punto de encuentro al menos en cada capital de provincia. "El criterio para establecerlos debe ser el de la población de las ciudades, no que sean capitales", afirma Valcarce.

Cuando un miembro de la pareja denuncia a otro por malos tratos, el juez puede decretar una orden de alejamiento, suspender la custodia del denunciado sobre sus hijos y decretar un régimen de visitas. "Muchos jueces nos confían con una providencia la labor de mediar entre los cónyuges, siempre atendiendo al interés del menor", indica Sacristán.

Una entrevista con los denunciados, efectuada por psicólogos y trabajadores sociales, y el estudio de cada caso, permiten determinar qué régimen de visitas se va a establecer. Existen tres categorías: las visitas tuteladas, en las que el personal del punto de encuentro está presente junto al menor y el progenitor (se suelen decretar cuando se sospecha que ha habido maltrato a menores, o si el progenitor tiene alguna adicción); las visitas internas, en las que el padre debe permanecer en el centro con su hijo, pero disfruta de cierta intimidad y las visitas externas, en las que el padre o la madre pueden llevarse al niño unas horas. "Suelen ir al cine, o a merendar", indica la psicóloga Beatriz Maldonado.

En un centro de Madrid, por la tarde, la actividad es frenética. Llaman a la puerta constantemente. Un padre entra y es conducido a una sala cerrada. Al rato suena el timbre de nuevo. Una madre viene a dejar a su hijo y se marcha. Entonces el personal lleva al niño junto al padre. Los progenitores ni se han visto de lejos. Por unas horas el padre se esforzará por que su hijo pase una tarde lo más normal posible.

"La mayoría de denunciados son hombres y acuden al centro para ver a sus hijos sin violar la orden de alejamiento", explica Marisa Sacristán. "Viene todo tipo de gente, la mayoría españoles, con buen nivel sociocultural y económico", indica Maldonado, psicóloga de Aprome. "También presos con permiso, o en libertad provisional. Son los que mejor se portan", añade Sacristán.

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