La ONU y Darfur

Lo que ocurre en la región sudanesa de Darfur es uno más de los casos de incapacidad de la ONU -esa ONU que Kofi Annan pretende reformar- para intervenir eficazmente en una situación lacerante. Darfur no suele lograr titulares en los medios informativos, pero la situación en esa tierra mísera y abrasada mayor que España no ha dejado de agravarse desde que hace dos años estallara un conflicto que básicamente ha convertido a los musulmanes negros en víctimas del Ejército sudanés y de las brutales milicias árabes que apadrina el Gobierno de clanes de Jartum.

Un reciente informe de Naciones Unidas estima que en Darfur han muerto en año y medio casi 200.000 personas de hambre y enfermedades -el doble de lo estimado previamente-, sin contar las víctimas del genocidio. Sólo en 2004, más de un millón de desposeídos han tenido que huir de sus chozas para escapar de la violencia. Los campos de refugiados que los albergan se convierten en cementerios. Los asesinatos, saqueos y violaciones continúan tras el fracaso de varias rondas negociadoras en Nigeria.

Mientras, la ONU se dedica a dilucidar si se trata de genocidio o crímenes contra la humanidad lo que ocurre en este lugar remoto, lejos de los periodistas y los intereses inmediatos de las potencias occidentales, o a proponer una fuerza desarmada y simbólica para proteger a las organizaciones humanitarias, atacadas también en Darfur. En medio de esta debilidad moral, la Unión Africana, teórica fuerza de interposición, sugería la semana pasada doblar hasta 6.000 el número de sus tropas para poder "mantener la violencia en un nivel aceptable".

El Consejo de Seguridad prometió en julio pasado detener la carnicería de la provincia occidental sudanesa. Aparte de la presencia testimonial de los soldados africanos, nunca se ha planteado una intervención militar seria ni la adopción de medidas punitivas contra el Gobierno. No sin esfuerzo, el Consejo aprobó el pasado jueves el despliegue de 10.000 cascos azules para velar por el pacto suscrito entre el Gobierno de Jartum y los rebeldes en enero. Sin embargo, persisten las discrepancias entre EE UU y Francia sobre quién debe juzgar los crímenes. Washington se resiste a que los culpables sean juzgados por la Corte Penal Internacional, que no reconoce, y propone un tribunal especial. Esta cuestión y la aplicación de sanciones, que objetan en parte China y Rusia, se someterán a votación esta semana en el principal órgano de la ONU.