Se entrega en Brasil un terrateniente ligado a la muerte de una monja

Un terrateniente brasileño buscado por instigar el asesinato de la religiosa estadounidense Dorothy Stang el 12 febrero en la Amazonía se entregó ayer, después de más de un mes en paradero desconocido. El asesinato provocó una gran polémica en Brasil sobre la impunidad de importantes grupos de presión y forzó al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a enviar tropas del Ejército al Estado de Pará para combatir el crimen organizado.

Vitalmiro Bastos de Moura, alias Bida, está acusado de ordenar y pagar por el asesinato de la monja, que se había hecho conocida en la localidad de Anapú (al norte de Brasil) por su defensa de los derechos de los indígenas. Éstos ven a diario cómo sus tierras son invadidas y devastadas por explotaciones ilegales que se dedican a diversas actividades como la producción de madera o la extracción de minerales.

En total, la justicia brasileña ha acusado a cuatro personas de estar relacionadas con el crimen. Los otros tres ya están detenidos y Moura sólo se entregó después de que su defensa pactara algunas condiciones especiales. El detenido fue trasladado a la capital del Estado de Pará, Belem -a unos 400 kilómetros al este de Anapú-, y ayer se sometió durante seis horas al interrogatorio de los investigadores.

Huido de la justicia

El abogado de Moura insistió en que su defendido es inocente y que las pruebas que le relacionan con el asesinato son circunstanciales. "No fui yo, soy inocente. No la había visto más que una vez en la vida y no tenía ningún interés en matarla", aseguró Bida a los policías. El detenido ha reconocido que durante los días en que estuvo huido de la justicia se cruzó con algunos policías y que pasó varias jornadas refugiado en la casa de Delio Fernandes, uno de los mayores terratenientes de la región.

Según los datos en poder de la policía, Moura habría pagado unos 15.000 euros a tres personas -dos pistoleros y un intermediario- para que acabaran a balazos con la vida de la religiosa, que se había convertido en un molesto obstáculo para sus proyectos. La disputa era algo público y varias compañeras de Stang en la orden de las misioneras franciscanas aseguraron que la monja -que llevaba en Brasil 37 años- visitó a sus asesinos la noche antes del crimen para pedirles que abandonaran sus planes. Los otros tres detenidos -Rayfran das Neves Sales, Clodoaldo Carlos Batista y Amair Feijoli da Cunha- se encuentran recluidos en una cárcel de máxima seguridad de Belém.

Tras el asesinato de Stang y ante la amplia repercusión interior e internacional que tuvo el caso, el presidente Lula envío a 2.000 soldados para proteger a los policías que investigaban el crimen y firmó cinco decretos por los cuales quedan -al menos en teoría- protegidas un total de 5,2 millones de hectáreas de selva entre los Estados de Amazonía, Acre, Pará y Roraima.