Francia impulsa una ley para erradicar la discriminación salarial femenina

El presidente francés, Jacques Chirac, cree que la diferencia del 22% entre los salarios que reciben los hombres y las mujeres por un mismo trabajo es "inaceptable", tanto por razones morales como económicas, y considera que una de las claves para conseguir la equiparación real que la legislación francesa propugna desde hace más de tres décadas pasa por "neutralizar" los efectos de la maternidad en el mercado laboral. Siguiendo esta iniciativa presidencial, la ministra de la Paridad y la Igualdad Profesional, Nicole Ameline, presentó ayer un proyecto de ley para imponer la igualdad salarial en la negociación colectiva de las empresas y acabar con esta discriminación en el plazo de cinco años.

"Actuar a favor de la igualdad profesional entre hombres y mujeres es en realidad actuar a favor de mayor justicia y democracia", explicó ayer, citando a Chirac, el portavoz del Gobierno, Jean-François Copé tras el Consejo de Ministros. Añadió que eso supone conseguir una mayor eficacia económica y social. El Código del Trabajo proclama desde hace tres décadas que a igual trabajo, corresponde igual salario, dijo el portavoz, aunque las mujeres sigan cobrando mucho menos que los hombres. "A partir de ahora, la igualdad salarial estará en el centro de las negociaciones anuales sobre los salarios en las empresas. Ningún acuerdo podrá ser firmado con validez si no tiene en cuenta esta exigencia", añadió Copé.

Empleo parcial femenino

Las cifras son claras. Las mujeres cobran menos y trabajan en peores condiciones. De los cuatro millones de empleados a tiempo parcial registrados en Francia, el 82% son mujeres. Incluso en la función pública persisten las diferencias. En los cargos de responsabilidad la situación es extrema: las mujeres representan menos del 10% de los directivos de empresas y por debajo del 5% de los miembros de los consejos de administración. La pensión media de jubilación femenina es en torno a la mitad de la masculina, según datos de 2001.

El proyecto de ley establece ayudas a las pequeñas y medianas empresas para las sustituciones por bajas por maternidad de sus trabajadoras y obliga a que las mujeres que se reincorporan tras haber dado a luz se beneficien de las mejoras salariales introducidas en su ausencia. Según la ministra Ameline, la ley pretende también contribuir a que en la UE se extienda un modelo social que combine el trabajo de las mujeres con una elevada tasa de fecundidad. "Tenemos cinco años por delante para demostrar que las mujeres no son una fuerza de apoyo, sino un auténtico motor para nuestra economía", dijo la ministra. Dentro de tres años se analizará la posibilidad de fijar una tasa punitiva a las empresas que aún discriminen salarialmente a las mujeres, un delito ahora castigado hasta con un año de prisión y 3.750 euros de multa.