El Consell Jurídic considera nula la expropiación de terrenos en Alcolea para el aeropuerto de Castellón

Nulo de pleno derecho. Así ha calificado el Consell Jurídic Consultiu (CJC) el convenio de adquisición de más de 48.000 metros cuadrados que la Generalitat expropió al Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea, término que albergará el futuro aeropuerto de Castellón. El dictamen no es vinculante, aunque da pie a un contencioso que, con los argumentos esgrimidos por el organismo, sería favorable al recurso interpuesto por el grupo municipal socialista. En cualquier caso, supondrá la revisión del precio que la Generalitat pagó por los terrenos en 2002, cerca de 58.000 euros.

El alcalde no podía rubricar el acuerdo, ya que supera el 10% del presupuesto

La base sobre la que se revisará el precio pagado al Consistorio es la misma que alegan los propietarios de más del 60% del suelo afectado por el proyecto del aeropuerto y que se centra en el hecho de que la expropiación se realizó con precios de suelo rústico, mientras que ya existía una reserva de suelo dotacional. El propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vilanova d'Alcolea, que se expuso públicamente al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de expropiación, marca todo el terreno como urbanizable. Así, el coste de las expropiaciones de los terrenos en los que se prevé construir el futuro aeropuerto de Castellón puede triplicarse y pasar a representar un gasto público que se incrementaría de los cerca de 11 millones de euros (1.800 millones de pesetas) presupuestados inicialmente a más de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas). Como antecedentes, los afectados cuentan con fallos judiciales como los que se refieren a Terra Mítica, que elevaron de 4,8 a 36 millones de euros el precio de la expropiación de terrenos en el entorno del parque temático de Benidorm, o el de la ampliación del aeropuerto de Reus.

El informe emitido por el Consell Jurídic Consultiu, en cualquier caso, no entra a comentar si el precio pagado al Ayuntamiento de Vilanova es el correcto, ya que esta tarea corresponderá al tribunal del justiprecio. Pero sí admite que sobre el terreno que era propiedad del Ayuntamiento existía una reserva de suelo dotacional que, sin embargo, se tasó a precio de rústico. Además, el informe ratifica la versión del recurso en cuanto a la ausencia de un informe técnico sobre la evaluación de los terrenos.

El CJC da también la razón al recurso interpuesto por el grupo socialista de Vilanova, que lidera Pedro Bort, en relación a cómo se realizó la expropiación, ya que fue el alcalde, José Manuel Rambla, del PP quien, firmó el convenio sin que éste fuera aprobado por el pleno de la Corporación. Tal como indica el informe, el alcalde no tenía competencia para rubricar el acuerdo, ya que el montante supera el 10% del presupuesto municipal, con lo que debía ser refrendado por el pleno.

El convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea se firmó en octubre de 2002. Un año después, tras la repetición de las elecciones municipales ante las irregularidades detectadas por la Junta Electoral, tomó posesión la nueva Corporación. A principios de 2004 el grupo de la oposición recibió las cuentas del ejercicio de 2002 y fue entonces cuando Bort alertó sobre el precio, a su parecer exiguo, que había pagado la Generalitat. El convenio de expropiación, además carecía del informe técnico municipal y no había sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento, premisas sobre las que presentó el recurso de revisión de oficio. Pedro Bort reiteró ayer su convicción de que, en este caso, "el Ayuntamiento no miró ni por los intereses municipales ni por el interés de los vecinos propietarios del resto de suelo afectado, ya que no solicitó ningún informe que avalara que el precio que estaban pagando era correcto".