"No hay indicios de corrupción, pero sí de mala gestión"

Ricard Fernández es economista y tiene 43 años. Nació y vive en Barcelona, y es miembro de Iniciativa per Catalunya Verds. Antes de ser secretario de Vivienda y presidente de Adigsa, empresa que gestiona la vivienda social del Gobierno catalán, trabajó en la Administración local.

Pregunta. Un empresario les reclama el cobro de obras. ¿No pagan?

Respuesta. Juan Antonio Salguero solicitó a Adigsa una cantidad que supera los 300.000 euros en junio de 2004, en concepto de arreglos en viviendas de Artesa de Segre (Lleida). Estas viviendas ni habían sido adquiridas ni había ningún compromiso para adquirirlas.

P. Pero alguien debió de encargarle las obras.

R. No tenemos ninguna constatación formal de que nadie en Adigsa le hubiese encargado arreglar esos pisos. Además, ya habíamos decidido no comprar vivienda en el mercado secundario.

P. ¿Por qué?

R. La lista de pisos que se había pasado no incluía prácticamente ciudades donde hubiese un gran problema de vivienda, de manera que los recursos no se invertían donde había problema. Difícilmente podía ser, porque los precios máximos a los que se había decidido comprar eran muy bajos.

P. ¿Adigsa estaba descontrolada?

R. Todo indica que lo que estaba contratado por las vías formales se hacía correctamente, pero hay una parte que no seguía las vías regulares de contratación que marcan no sólo las pautas internas sino la propia ley de contratación.

P. ¿Eso es corrupción?

R. No tenemos ningún indicio de que haya habido ni en este caso ni en ningún otro corrupción, pero hoy tenemos la evidencia de que es un caso de mala gestión, y con un alcance importante.