Tormenta por una directiva

Pocos proyectos legislativos europeos han calado tanto en la opinión pública y generado tanta tormenta como la Directiva Bolkestein. Llamada así por el comisario que la impulsó hace más de un año, es un proyecto de liberalizar el mercado de los servicios facilitando el establecimiento de empresas en otro país de la UE distinto al propio. La izquierda y los sindicatos lo rechazan y París y Berlín han clamado ahora contra él. La Comisión Europea ha prometido revisar el proyecto, pero en Francia ya se ha convertido en un agrio debate nacional que enturbia la precampaña del referéndum de la Constitución Europea. Ayer, el propio Bolkestein avivaba la tormenta acusando de miopía a los detractores.

Un obrero letón llevado a España por una constructora letona costará mucho menos

En el último mes escasean los días en los que no se habla de la Directiva Bolkestein en alguna instancia europea. El viernes, 100 organizaciones civiles de 20 países debatían contra ella en la Eurocámara. El sábado, unos sesenta mil manifestantes convocados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) protestaban en las calles de Bruselas bajo el lema "Más empleos y mejores empleos. Defender la Europa Social. Stop Bolkestein".

Ayer, el ex comisario holandés Frits Bolkestein rompía su silencio y anunciaba su próxima campaña en Francia a favor de su proyecto para deshacer malentendidos y limpiar su nombre.El principal objetivo de esta realmente llamada Directiva de Servicios es dinamizar la economía europea ampliando las oportunidades que ofrece el mercado interior al sector de los servicios (que acumula el 70% del empleo y la riqueza).

Para ello, la norma prevé derribar los obstáculos existentes para establecer una sociedad en otro país de la UE distinto al propio sin apenas papeleos, sin tan largos procedimientos ni tantos costes. Las ventanillas únicas electrónicas para recabar la información necesaria y toda la reducción posible de autorizaciones y concesiones de servicios cierran el círculo.

Hasta ahí apenas hay problemas relevantes con la norma. El escollo es el "principio de país de origen" que establece que los prestadores del servicio estén sujetos "únicamente a las disposiciones nacionales de su Estado miembro de origen", relativas a la calidad, el contenido del servicio y los contratos, entre otras.

Esto significa que un ingeniero de una constructora española puede trabajar, por ejemplo, en Letonia bajo las normas españolas y su convenio colectivo. Pero también significa que el letón desplazado a España por una constructora letona ofrecerá su fuerza laboral a costes mucho más bajos; de ahí que la izquierda europea y los sindicatos hayan denunciado el dumping social. "El principio de país de origen es el fin de la dimensión social del mercado interior europeo", clama Wolfgang Kowalsky, de la CES.

El canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, Jacques Chirac, rechazan el proyecto. Esgrimen el dumping social, pero también el riesgo de las deslocalizaciones de sus empresas hacia el este. Estos países del Este defienden la norma. Hungría los lidera y Polonia se ha prestado a negociar el acuerdo. Cuentan con el apoyo de Londres, la patronal europea y el centro-derecha de la Eurocámara.

Desde La Haya, Bolkestein acusaba en la televisión pública holandesa de miopía a los detractores franceses del proyecto, pero también de xenofobia, en razón de su apellido germánico, y aseguraba que achacar a la directiva la consecuencia de que habrá dumping social es una "pura idiotez", informa France Press.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha prometido una revisión mientras prosiguen las negociaciones en el seno de los Veinticinco y del Parlamento Europeo. Para Chirac sería importante resolver este asunto antes del 29 de mayo, fecha del referéndum francés sobre la Constitución Europea.

En Francia, atemorizada por las deslocalizaciones, el debate ha llegado a la calle. Un sondeo de la publicación comunista L'Humanité Hebdo del pasado sábado refleja que el 68% de los franceses está en contra de la directiva. Veinticuatro horas antes, otro sondeo daba por vez primera la victoria al "no", por un 51%, a la Constitución Europea.