200 investigadores Ramón y Cajal aguardan una salida al plan para recuperar 'cerebros'

A Carmina Ramírez, especialista en Química Orgánica, le parece pretencioso hablar de investigadores de élite. Prefiere referirse a los contratados por el programa Ramón y Cajal como "investigadores de larga trayectoria, formados en los mejores centros de investigación del mundo, algunos de los cuales han publicado en revistas como Science, o como Nature". Y añade: "Somos personas que hemos demostrado ser luchadoras, saber sobreponernos a las adversidades. Los Ramón y Cajal no somos un problema; somos un regalo".

En España hay más de 2.000 investigadores adscritos al Ramón y Cajal. Dos centenares, en suelo valenciano. La mayoría (152) trabajan en las cinco universidades públicas.

El programa nació en 2001 y fue presentado entonces como una fórmula para recuperar cerebros. Aquel anuncio se tradujo después en una iniciativa más modesta: cinco años de contrato cuya financiación corría a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de los centros de investigación.

La primera generación del programa Ramón y Cajal termina contrato el año que viene. Un límite que afecta, al menos, a 40 valencianos. Acostumbrados a la incertidumbre, los científicos aguardan una salida laboral estable que pasa por un acuerdo entre la Consejería de Empresa, Universidades y Ciencia y los centros académicos.

El PSOE hizo bandera de la consolidación del sistema español de ciencia y tecnología antes de ganar las elecciones generales de 2004. Y los Ramón y Cajal representan una pieza notable en el terreno del capital humano.

En diciembre, el secretario general de Política Científica del Ministerio de Educación, Salvador Barberá, anunció en Valencia la puesta en marcha de un plan para fomentar la contratación estable de 300 investigadores al año. Una decisión que afecta directamente a los Ramón y Cajal.

El plan requiere involucrar a las universidades, a otros centros de investigación y tecnológicos dependientes de las comunidades autónomas, y a los Organismos Públicos de Investigación (OPIS).

El Ministerio de Educación financiaría en principio los tres primeros años de contrato, que deberían ser indefinidos. Los organismos receptores, aquellos en los que los investigadores trabajan, deberían hacerse cargo de la financiación a partir de ese momento.

Algunas comunidades autónomas ya han anunciado su intención de absorber por esta vía a los Ramón y Cajal. La más relevante, por la rotundidad del compromiso y el número de investigadores (unos 490), es la catalana. El consejero de Universidades, Carles Solà, aseguró el 18 de febrero que "Cataluña no quiere ni debe prescindir de este colectivo" porque necesita "más investigadores como ellos, tan bien cualificados".

Animados por el ejemplo, los Ramón y Cajal valencianos se reunieron el pasado miércoles con el director general de Investigación y Transferencia Tecnológica, Jesús Pastor.

El resultado de la reunión, señalan algunos de los asistentes, no parece tranquilizador. Pastor confirmó a los Ramón y Cajal el total interés de la Generalitat en que continúen trabajando en los centros valencianos. Y les comunicó que el Consell ha aceptado el plan de incentivación propuesto por el ministerio. Pero no hubo compromisos concretos. La Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia negocia con las universidades quién y cómo debe hacerse cargo de los contratos de los investigadores una vez concluyan los tres primeros años.

La solución es compleja porque la entrada de los investigadores en los centros académicos podría ponerles en competencia con la vía de entrada habitual; la de la docencia.

En el transfondo está el problema del dinero. Un problema que no es exclusivo de la consejería que dirige Justo Nieto, y que es previo a la entrada del ex rector en el Gobierno valenciano. Su departamento, en todo caso, no parece dispuesto a destinar al programa una partida nueva, que debería cubrirse con una reasignación del presupuesto de las universidades.

Los Ramón y Cajal están inquietos porque no pueden opinar sobre unas decisiones que todavía no existen. Y porque entre que se llegue a un acuerdo, el acuerdo se convierta en un plan y éste se aplique puede pasar un año. El mismo tiempo que les queda a los primeros 40 Ramón y Cajal para acabar sus contratos.