Al amparo de Europa
Andalucía aporta más de dos millones y medio de hectáreas a la Red Natura 2000
A comienzos de marzo la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se reunió con su homóloga en la Comisión Europea, Catherine Day, para plantearle la necesidad de contar con una línea presupuestaria específica que sirva para cubrir las necesidades a las que obliga la Red Natura 2000, un ambicioso inventario de espacios naturales de interés comunitario cuyo proceso de constitución ha entrado ya en su fase final.
A juicio del Gobierno español, las líneas de financiación que propone Bruselas no son suficientes para garantizar la conservación de estos espacios y de las especies, de atención prioritaria, que en ellos habitan. De hecho, las inversiones que hasta ahora se han venido canalizando a través del programa Life-Naturaleza dejarán de contar con apoyo económico, y si no se sortea este escollo será difícil alcanzar el objetivo último de todo este esfuerzo: detener la pérdida de biodiversidad, en el conjunto de la Unión Europea, antes de 2010.
Los recortes de la Comisión Europea perjudican, sobre todo, a los países que, como España, contribuyen con un alto porcentaje de su territorio a la Red Natura 2000, colocándolos en situación de clara desventaja frente a otros socios comunitarios. Mientras que los estados miembros aportan, como media, un 12% de su territorio a esta red, España duplica este porcentaje, sumando al inventario global cerca de 13 millones de hectáreas correspondientes a más de 1.200 espacios.
Espacios "muy raros"
Los razonamientos que se plantean a escala nacional se hacen aún más evidentes en el caso de Andalucía, comunidad que, a través de su Consejería de Medio Ambiente, también trasladó su preocupación a Catherine Day. La región andaluza es, a escala continental, una de las potencias de la Red Natura 2000, ya que aporta más de dos millones y medio de hectáreas repartidas entre cerca de 200 espacios naturales, lo que supone casi el 29% de la superficie regional y el 20% de la propuesta española.
Esta elevada contribución no se debe a un capricho político o a un desmedido afán proteccionista, sino que es el resultado de aplicar la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats, soporte legal de todo este entramado. En la división realizada durante el complejo proceso de creación de esta red, Andalucía quedó incluida en la región biogeográfica mediterránea y, dentro de ésta, cuenta con 18 de los 23 hábitats considerados prioritarios por la Comisión Europea, lo que obliga a proteger, al menos, el 80% del territorio que ocupan. Asimismo, se han identificado 38 hábitats que reciben la consideración de "muy raros", y en ellos, sean o no prioritarios, la protección se eleva hasta el 100% del territorio.
En lo que se refiere a las especies de flora y fauna presentes en Andalucía, la directiva comunitaria aplica parecidas obligaciones vista la biodiversidad que atesora. Del total de especies que en España, y dentro del dominio mediterráneo, se consideran de interés comunitario (172), el 56% (96 especies) habita en la comunidad andaluza, lo que supone el doble de las que se registran en las comunidades autónomas que se colocan inmediatamente después en esta clasificación, como ocurre con Castilla-León (50 especies) o Extremadura (48).
De esas 96 especies que en la región andaluza merecen la atención de Bruselas, más del 50% (24 especies) se consideran prioritarias, lo que supone la protección de buena parte del territorio que ocupan. En total, las especies de flora y fauna de interés comunitario están presentes en 4.700.000 hectáreas, lo que supone el 54% de la superficie regional. Y en lo que se refiere a los peces (11 especies), su presencia se ha certificado en más de 5.000 kilómetros de cauces andaluces.
A pesar del elevado porcentaje de superficie regional que pasará a integrarse en la Red Natura 2000, apenas ha sido necesario proponer esta nueva figura de protección en zonas edificadas o terrenos agrícolas, ya que estas dos circunstancias sólo se dan en un territorio global de 245.000 hectáreas, mientras que 175.000 hectáreas están ocupadas por humedales y 2.166.000 hectáreas se consideran áreas forestales y naturales.
El 62% de la superficie global que aporta Andalucía a este inventario europeo goza ya de alguna protección legal, sobre todo mediante la figura de parque natural. Y en lo que se refiere a la población que habita en este extensa parcela del territorio regional se calcula que es ligeramente inferior a las 100.000 personas, cifra que se reduce hasta las 14.000 personas si sólo se tienen en cuenta los Lugares de Interés Comunitario que en la actualidad no están amparados bajo ninguna figura de protección.
sandoval@arrakis.es
La complicidad ecologista
El proceso de constitución de la Red Natura 2000 aún no ha concluido, aunque se encuentra muy avanzado. En lo que se refiere a España ya se han aprobado las listas de lugares de interés comunitario correspondientes a las regiones biogeográficas alpina, atlántica y macaronésica (islas Canarias). Sin embargo, la Comisión Europea ha identificado algunas carencias en las propuestas autonómicas incluidas en alguna de estas regiones, como Cataluña, por lo que es posible que el inventario propuesto sufra modificaciones.
En cuanto a la región mediterránea, en la que se incluye Andalucía, todavía se está procediendo a una revisión final de todas las propuestas, si bien el Ministerio de Medio Ambiente asegura que la aprobación se producirá en breve plazo. Mientras tanto, el peso de la divulgación de esta ambiciosa iniciativa europea recae, al menos en Andalucía, en Ecologistas en Acción, colectivo que desde finales del pasado año desarrolla una campaña informativa en puntos y colectivos estratégicos, como ayuntamientos y mancomunidades, grupos de desarrollo rural, centros educativos y culturales o equipamientos de uso público en espacios protegidos.
Además de ofrecer información sobre la Red Natura 2000 y la aportación andaluza a la misma, los materiales de Ecologistas en Acción denuncian las amenazas que sufren algunos de los espacios amparados por Europa.
Lo que se pretende con esta campaña, aseguran sus promotores, es "generar un ambiente de complicidad, consenso y apoyo a la consolidación de esta red entre los distintos actores sociales y políticos, porque, en definitiva, constituye una apuesta decidida en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo rural".
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