Gallardón propone un cambio legal para que pueda darse empleo a 'sin papeles'

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, va a proponer al Gobierno central, del PSOE, que modifique el reglamento de la Ley de Extranjería para poder acometer una de las medidas más innovadoras de su Plan por la Convivencia, que presentó ayer: la creación de un polígono industrial en la capital donde empresas de inserción laboral (sin ánimo de lucro), supervisadas por la Administración municipal, puedan contratar a inmigrantes sin papeles como primer paso para su regularización e incorporación normalizada al mercado laboral, que ahora tienen vetada (sin permiso de residencia no se conceden permisos de trabajo). En Madrid hay empadronados 481.000 inmigrantes, la mitad en situación irregular.

El Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, abrió el pasado 7 de febrero un proceso de regularización extraordinaria que durará tres meses para dar papeles a todos los inmigrantes irregulares que puedan acreditar que llevan seis meses empadronados en España y tienen un contrato de trabajo de seis meses. La dirección del PP ha criticado duramente ese proceso porque, a su juicio, provocará un efecto llamada para nuevos inmigrantes. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid y su edil de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella, se han desmarcado de esa línea.

Botella envió el pasado 22 de febrero una carta a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ofreciéndole su "colaboración entusiasta" con el proceso de regularización y afirmando que éste "es positivo para la convivencia". Botella, 10 días más tarde, pidió incluso al Gobierno que amplíe el plazo de tres meses para evitar que muchos inmigrantes queden fuera.

Ruiz-Gallardón y Botella presentaron ayer el Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, un conjunto de iniciativas para favorecer la integración entre españoles e inmigrantes. Los extranjeros ya son en la capital el 15% de una población de 3,2 millones de personas, un porcentaje que duplica la media nacional. En algunos barrios del centro, uno de cada tres vecinos es inmigrante.

Una de las propuestas del plan es la creación de un polígono de empresas de inserción laboral (sin ánimo de lucro) en suelo municipal y con naves construidas por el Ayuntamiento, destinado a la "formación e integración de personas de origen extranjero que presenten una especial situación de vulnerabilidad social y/o dificultad en el acceso a la red normalizada de recursos formativos y laborales".

El director general de Inmigración, Tomás Vera, explicó a EL PAÍS que ese polígono industrial -que se ubicaría en el distrito de Fuencarral y entraría en funcionamiento en el tercer trimestre de 2006- ofrecería formación laboral, pero también "puestos de trabajo remunerados", durante un cierto periodo de tiempo, a colectivos especialmente vulnerables como mayores de 45 años, discapacitados, mujeres e "inmigrantes en situación irregular". "Estos inmigrantes están en una situación muy difícil: al no tener papeles, no pueden acceder a ningún tipo de recurso formativo y menos aún a un trabajo. Esas empresas les ofrecerían una primera posibilidad laboral, y eso sería una magnífica vía a la regularización", subrayó.

El director general es consciente de que esa posibilidad, la contratación de sin papeles, es hoy en día ilegal. "Habría que cambiar el Reglamento de Extranjería, y lo pediremos al Gobierno. Se trataría de especificar de alguna manera que sí se permite la contratación de irregulares, pero únicamente a esas empresas de inserción laboral supervisadas por la Administración. Así, no sólo se facilitaría la integración, sino que se evitaría que mafias que trafican con contratos sigan explotando a estas personas".

Vera reiteró que la concejalía dirigida por Botella "no está en contra del proceso de regularización" impulsado por el Ejecutivo, sino que lo considera "necesario". "Lo que criticamos es que sea tan restrictivo: en otros procesos anteriores el plazo era mucho mayor y el inmigrante podía acreditar su estancia en España de muchas formas. Ahora sólo se acepta el padrón", protestó.

Miles de inmigrantes que no obtengan ahora la regularización -y los nuevos que lleguen a España de manera ilegal- seguirán en el limbo de la ilegalidad. Y en muchos casos, cuando no exista convenio de repatriación con el país de origen, no podrán ser expulsados, pero tampoco trabajar.

"Contradicción en el PP"

Los responsables de la Secretaría de Estado de Inmigración no quisieron responder ayer a esta propuesta del Ayuntamiento de Madrid alegando que nadie se la ha comunicado aún. Sin embargo, fuentes de ese departamento señalaron que la iniciativa de Ruiz-Gallardón es de enorme calado y mostraron su sorpresa ante el hecho de que, "mientras el PP está criticando con dureza la regularización de inmigrantes sin papeles, el alcalde propone una nueva manera de regularizarlos".

"Hay una contradicción en el seno del PP a la hora de afrontar la política de inmigración", opinaron estos responsables. Y agregaron: "La dirección de ese partido asegura que la regularización provocará un efecto llamada. ¿Y promover un polígono industrial que dará trabajo a sin papeles no generará efecto llamada?".