Duro examen a la Justicia

La descripción, amena y seductora, que hace el profesor emérito de Derecho Administrativo Alejandro Nieto de una Justicia atascada e ineficaz, perturbada por la voracidad del poder político y privada de los medios económicos y humanos necesarios, adquiere rasgos tremendistas cuando certifica la voluntad del Gobierno, sea del signo que sea, de impedir la independencia judicial para asegurar la impunidad de "los hombres del Poder" y convertir a los jueces en instrumento "de ese Poder al que debería controlar".

Nieto localiza las raíces del desgobierno judicial en la patrimonialización realizada por el poder político, mediante la ocupación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el secuestro, "cuando no el rapto", dice, de la Justicia, y se muestra mucho menos incisivo con la patrimonialización corporativa, que también denuncia. De hecho, considera a los jueces las "primeras víctimas del desgobierno judicial" y utiliza como fuentes indubitadas de algunas de sus apreciaciones a dos magistrados despechados, uno condenado en firme por prevaricación continuada y otro sancionado por unos comentarios humillantes para una víctima de abusos sexuales.

Experto en la indagación de

las deficiencias de la Administración Pública, Alejandro Nieto arremete contra una justicia tardía, a pesar de lo cual su funcionamiento es calificado en numerosas ocasiones de "normal" por el órgano de gobierno de los jueces; anacrónica, sin que nadie sea capaz de modernizar las herrumbrosas herramientas de trabajo de los juzgados, y engañosa, porque en muchos órganos judiciales colegiados sólo trabaja el ponente de cada caso y los demás magistrados "se limitan a firmar en barbecho" (página 43).

Pero la afición del autor a la

truculencia le empuja a relacionar esta situación deplorable nada menos que con una especie de efecto llamada a la delincuencia mundial, instalada en España, según Nieto, para beneficiarse de nuestro "paraíso" penal, civil, mercantil y fiscal.

Acaso el aspecto más valioso del enérgico alegato que contiene este libro consista en la constatación de que los jueces son irresponsables ante los ciudadanos. Nieto revela que la responsabilidad penal apenas existe y la civil se ha desviado a la indemnización por parte del Estado por anormal funcionamiento judicial, sin que conozca "un solo caso" (página 226) en que su importe se haya repercutido al juez, como autoriza la ley.

Respecto a la responsabilidad

disciplinaria de los jueces, la obra resalta que cuando los particulares denuncian infracciones, si el CGPJ o el órgano judicial competente no les da credibilidad, el interesado queda indefenso y desprovisto de todo recurso. E igualmente, cuando el juez acredita depresión o una situación física o mental deteriorada, esa circunstancia actúa de eximente y ni siquiera se promueve una jubilación por incapacidad, con lo que se evita que el magistrado vea reducidas sus retribuciones.

A esto añade el autor el secretismo que envuelve las actuaciones disciplinarias, en especial la ocultación por el CGPJ de las denuncias presentadas y no atendidas, que son inaccesibles para el público, en aras de las garantías del juez denunciado. "Si las garantías del juez son sagradas, también lo son (o debieran serlo) las del ciudadano agraviado", apostilla Nieto.

La solución del grave proble

ma de la masificación de los órganos judiciales, en los que entran cinco millones de asuntos al año, es abordada con escepticismo por Nieto, quien critica el establecimiento de módulos mínimos de trabajo de los jueces, por entender que "condicionan inevitablemente la calidad de sus decisiones" (página 267) y, mediante el premio a la productividad, los convierte en "obreros stajanovistas de toga y corbata" (página 268).

Para reducir la masificación litigiosa, el autor sugiere, en cambio, "tasas finalistas, afectadas a la mejora del servicio" (página 278), así como la "búsqueda desesperada de soluciones alternativas o complementarias" (página 282) a la jurisdicción, como administrativizar asuntos de tráfico o fiscales o delitos bagatela. Establecida por Nieto la inexistencia de un poder judicial independiente y responsable, "deja de ser herejía admitir la posibilidad" de que el servicio público de Justicia "no sea necesariamente atendido por unos funcionarios llamados jueces, sino por otros que tengan las mismas condiciones, o sea, la competencia técnica y la independencia decisoria".

Del abigarrado paquete de críticas no quedan exentos los medios de comunicación social. Nieto atribuye las sanciones a los jueces más a "presiones mediáticas" que "a los comportamientos enjuiciados" (página 231). Por lo demás, vincula la información y la opinión periodística -"¡ay del juez a quien la prensa ha enfilado con sus baterías!", dice- al afán de lucro y esta creencia suya la explica con solemnidad y sin vacilaciones: "Los templos de la Justicia se profanan sin respeto cuando los media se percatan de que la difusión -correcta o no- de decisiones judiciales puede influir en las ventas de sus publicaciones".