La red de blanqueo disponía de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un millón

Las más de mil sociedades de la red de blanqueo que operaba en torno al despacho de Marbella utilizaban centenares de cuentas corrientes abiertas en seis entidades bancarias españolas, algunas de las cuales superaban el millón de euros. Paralelamente a la detención de los 41 sospechosos, el juez dictó los correspondientes mandamientos para bloquear dichas cuentas. La suma total del dinero paralizado asciende en estos momentos a 32 millones. La Caixa y Solbank han reconocido tener cuentas bloqueadas. Por otra parte, los 251 inmuebles confiscados pertenecían íntegramente a empresas sospechosas.

En los últimos días la policía a bloqueado cientos de cuentas de diferentes bancos y cajas de ahorros. Se cree que existe un núcleo de entidades con las que trabajaban los implicados, que, a su vez, tenían ramificaciones en casi una veintena de sucursales de otros bancos y cajas. Hasta el momento, La Caixa y Solbank, del grupo Banco Sabadell, han confirmado que la policía ha intervenido en sus oficinas de Marbella, informa Íñigo de Barrón.

Según fuentes de La Caixa, la entidad "ha seguido toda la normativa de prevención de blanqueo de capitales". Desde Solbank, un portavoz reconoció que existe un número importante de cuentas bloqueadas, pero también apuntó que "desde hace meses, la entidad ha colaborado con las autoridades denunciando este caso y tomamos medidas para cumplir con la normativa de blanqueo de capitales".

Los escasos datos que han trascendido permiten vislumbrar el tamaño de la red de blanqueo relacionada con el despacho marbellí propiedad del abogado Fernando del Valle y alguna de sus peculiaridades: más de mil sociedades, fundamentalmente dedicadas al sector inmobiliario, cientos de cuentas corrientes abiertas a nombre de estas sociedades y una escasez casi absoluta de empleados.

A pesar de la aparente inactividad de muchas de estas empresas, signo evidente de que se trataba de sociedades instrumentales, efectuaban transferencias económicas entre sí, se compraban y vendían inmuebles para justificar estos movimientos, atendían órdenes de pago y, en algunos casos, solicitaron créditos de los bancos. Algunas cuentas tenían muy poco efectivo y estaban asociadas a pagos del mantenimiento de un inmueble (facturas del agua y la luz, por ejemplo). Son cuentas durmientes que, en un momento dado, pueden registrar mayor actividad.

El hecho de que algunas de estas sociedades solicitaran créditos puede resultar sorprendente, pero los expertos en blanqueo de capitales afirman que es una práctica muy generalizada y conocen algunos precedentes en otras operaciones investigadas por la policía. Una promotora inmobiliaria que tiene toda la apariencia de legalidad y dispone de unos socios que demuestran tener un capital solicita una línea de crédito a una institución bancaria para financiar una promoción de viviendas en virtud de un negocio con perspectivas de beneficios.

Los pagos de los plazos de este crédito le permiten a dicha sociedad realizar unos ingresos económicos en cuentas corrientes que, inmediatamente, adquieren un carácter limpio. Según expertos policiales en delitos económicos, los bancos están obligadas a "hacer gestiones para determinar quién es el cliente de una cuenta de ese calibre" y, por tanto, a informar si entienden que hay algo sospechoso.

La intervención policial realizada el pasado jueves permitió a los investigadores tener una foto fija del tamaño de la red: 32 millones de euros en dinero circulante y 251 inmuebles en propiedad, es decir un patrimonio total valorado, según un criterio muy prudente (su valor catastral y no su valor de mercado), en unos 250 millones de euros. Los 251 inmuebles incautados pertenecen en su totalidad a sociedades de la red, por lo que aún no habían cambiado de manos.

Esa era una foto fija, porque falta por saber cuántos inmuebles se han llegado a vender en los últimos años y qué cantidad de dinero ha entrado en la red por este concepto, teniendo en cuenta que este entramado societario llevaba funcionando con estas características, al menos durante los últimos cuatro años.

Dado que la red disponía de numerosas sociedades domiciliadas en el extranjero y en algunos paraísos fiscales (Gibraltar, Isla de Mann y Andorra) se han tenido que cursar órdenes para conocer tanto su patrimonio como el movimiento de capitales que se haya podido efectuar en el exterior. Hasta el momento, según fuentes de la investigación, la cooperación de estos países está siendo buena y algunas fiscalías han comenzado a actuar. Uno de los casos más curiosos es el relativo a las sociedades domiciliadas en EE UU. Todas ellas proceden del Estado de Delaware, "que actuaba casi como si se tratara también de un paraíso fiscal", explicó una fuente de Interior.

La actividad de la policía no ha terminado, ya que la investigación sigue abierta y el caso está bajo secreto de sumario. El juez que lleva el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, tiene que atender también los asuntos de la guardia, una vez que ha finalizado el primer interrogatorio de los detenidos.