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Reportaje:OPERACIÓN POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El abogado que llegaba en avioneta

El abogado Fernando del Valle visitaba con frecuencia sus despachos de Benissa y Orihuela y ofrecía inversiones extranjeras

Aterrizó hace un año y medio aproximadamente en el litoral de Alicante ofreciendo sustanciosas inversiones inmobiliarias de grupos extranjeros. El abogado Fernando del Valle, presuntamente implicado en una red de blanqueo de capitales en la Costa del Sol, extendió su radio de influencia hasta la costa de Alicante, donde abrió dos despachos de abogados. Para visitarlos utilizaba una avioneta privada. Una vez en Alicante se desplazaba por todo su litoral para mantener reuniones con posibles vendedores de productos inmobiliarios que poder ofrecer a sus clientes.

El primero de sus despachos está ubicado al sur de la provincia, en la zona residencial de la Zenia, en la costa de Orihuela, una de las comarcas que mayor crecimiento urbanístico ha experimentado durante los últimos años. La otra oficina está situada en el término municipal de Benissa, en Cala Fustera, con magníficas vistas al mar y al lado de la carretera de la costa, jalonada de chalés y urbanizaciones repletas de residentes extranjeros, procedentes en buena medida del centro y norte de Europa.

"Del Valle se veía encantador, buena gente y sincero", dice el dueño de una inmobiliaria
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La red de blanqueo disponía de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un millón

Los que conocen a Fernando del Valle recordaban ayer cómo este abogado chileno nacionalizado español, encarcelado por su presunta implicación en una red de blanqueo de dinero que supuestamente procedía del crimen organizado, siempre llegaba volando con su avioneta particular hasta el aeródromo de Mutxamel (Alicante), a mitad de camino entre los dos despachos, y desde allí cogía un coche de alquiler para acudir a intensas jornada de trabajo con sus empleados y posibles clientes.

La costa de Alicante ha sufrido, durante los últimos años, una fuerte presión urbanística y ha sido reclamo de inversiones inmobiliarias por parte de grupos nutridos con capital extranjero, por lo que la presencia de este abogado con dos oficinas en la zona se consideró "normal y habitual", según reconocen algunos empleados de este sector. Ayer, en las inmediaciones de su despacho de Benissa no se hablaba de otra cosa: "Del Valle se veía encantador, sincero y buena gente, jamás hubiera pensado algo así", comentó el propietario de una inmobiliaria situada en la Cala Fustera, donde el bufete DVA mantiene una oficina con dos abogados titulares y siete secretarias. Uno de los letrados prestó declaración ante la policía el martes y quedó el libertad. El personal del bufete evitó ayer hacer declaraciones públicas. Un abogado que aseguró conocer a los afectados explicó a la puerta del despacho que el personal de la oficina "judicialmente no está imputado y no hay ningún detenido". También comentó que esa oficina se limitaba a realizar asesoramientos jurídicos en las transacciones inmobiliarias de compra y venta.

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En julio de 2004, DVA Abogados abrió su sede en Benissa, una pequeña localidad próxima a Benidorm, con el objetivo de atender a sus clientes y "revisar" toda la documentación. Cada dos o tres semanas el abogado chileno se dejaba ver por Alicante. "Es un hombre de negocios, muy preparado y regateaba hasta el último céntimo", recordaba un agente inmobiliario que trató con Del Valle en una ocasión. "Vino preguntándome si conocía terrenos en venta para realizar una importante operación inversora en la zona de miles de millones de pesetas", explicó este agente, que prefiere no desvelar su identidad, y que describió cómo el grupo inversor extranjero al que Del Valle representaba pretendía construir entre 2.000 y 3.000 casas en la comarca. "Al final la operación no se materializó. Le preparamos toda la documentación pero nunca más se supo nada sobre el tema", agregó este responsable de ventas inmobiliarias que acumula una experiencia de 20 años en el sector. Del Valle, en aquella ocasión, dijo que buscaba terrenos para un "potente grupo inversor israelí".

Según algunos abogados y personas vinculadas a la actividad inmobiliaria en la comarca, DVA Abogados atendía presuntamente a importantes clientes de dos inmobiliarias: Ocean States y MacAnthony Realty, con sedes centrales en Marbella, pero que abrieron oficinas en las localidades alicantinas de Moraira y Calpe, respectivamente. "Estas agencias se encargan de traer clientes, fundamentalmente británicos. Tras dos o tres días con ellos visitando propiedades, los abogados preparan toda la documentación para las compras", explica un empleado de una de las oficinas inmobiliarias del grupo Biblos, que también opera en la zona. Ocean States realizó una media de 100 a 200 transacciones inmobiliarias mensuales en la costa de Alicante y tiene empleados a más de 28 agentes comerciales, mientras que MacAnthony Realty ocupa de 20 a 25 delegados de ventas especializados sobre todo en clientes extranjeros.

El alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, del PP, reconoció ayer a este periódico que DVA Abogados había solicitado al Ayuntamiento en alguna ocasión "información sobre determinados planes urbanísticos, pero nunca presentó una propuesta concreta y tampoco se materializó". El primer edil mostró su sorpresa por la presunta vinculación de esta oficina con la trama destapada en Marbella. Algunos abogados de la localidad, que conocen el sector turístico, consideran que se trata de una "pequeña" ramificación de todo el entramado de sociedades, y opinan que "el margen de maniobra" de estos abogados en Benissa para poder defraudar era "bastante reducido", ya que sólo asumían los servicios jurídicos.

Despacho de DVA Abogados en una urbanización de Cala Fustera (Benissa).
Despacho de DVA Abogados en una urbanización de Cala Fustera (Benissa).JOAQUÍN DE HARO

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