Sindicatos y patronal piden que se creen zonas para fumar en el trabajo

El Consejo Económico y Social (CES) pide que sindicatos y patronal puedan pactar la creación de zonas para fumar en el trabajo. La prohibición total de la ley antitabaco del Ministerio de Sanidad "debería suprimirse". "El tratamiento de esta cuestión viene siendo abordado conjuntamente por las empresas y sus trabajadores", señala el dictamen que el Consejo votará hoy. Esta opinión, que no es vinculante, cuenta con el rechazo de las organizaciones de consumidores, que afirman que la salud "no es negociable".

El rechazo a que la prohibición de fumar en los centros de trabajo se haga por ley ha sido acordado por los sindicatos y empresarios, que aportan 40 de los 60 miembros del Consejo. Este órgano consultivo, que preside Jaime Montalvo, considera que la prohibición "no es la medida más eficaz" y que generará "conflictividad en el ámbito laboral".

En el dictamen se afirma que "con el objetivo de fomentar la cultura de prevención del tabaquismo y preservar entornos libres de humo para los no fumadores, empresarios y trabajadores [...] disponen de los mecanismos de cooperación apropiados para concretar el tratamiento interno del tabaquismo en las empresas y centros públicos de trabajo atendiendo a las condiciones específicas de los mismos".

Una portavoz del Ministerio de Sanidad comentó ayer que "la ley se hace para proteger la salud de los ciudadanos y los trabajadores", y que "queda un espacio de negociación en el ámbito de control de la aplicación de la ley". Esto quiere decir que, a falta de conocer el dictamen del Consejo, se mantiene la prohibición.

La secretaria de Bienestar del PSOE, Matilde Valentín, manifestó ayer que era "partidaria de negociar" la aplicación de la ley "en los lugares de trabajo". "Si se puede llegar a un acuerdo, mejor", dijo la responsable de Sanidad socialista.

Proteger la salud

En general, el Consejo "no puede sino compartir el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos mediante la aplicación de medidas de prevención y de control del tabaquismo, en especial en el caso de los menores, por un lado, y de salvaguardar el derecho a la salud de la población no fumadora, por otro". Pero este apoyo no evita otras críticas a la ley.

Una de ellas se refiere a su "orientación coercitiva", y a la "residual" mención de "la obligación de los poderes públicos de impulsar políticas preventivas". En esta línea el Consejo echa en falta un "enfoque integral que debe imbuir toda la normativa orientada a propiciar un cambio cultural" con respecto al consumo de tabaco.

También critica que se prohíba que los menores de 18 años vendan tabaco, "teniendo en cuenta que la edad legal para trabajar está establecida con carácter general en los 16 años en nuestro ordenamiento jurídico laboral". En opinión del CES, "no se dan en la actividad de venta de tabaco las condiciones de peligrosidad, tanto para su salud como para su formación profesional y humana que habilitarían al Gobierno a su prohibición".

Otro punto que discute el CES es la memoria económica, porque "no se han valorado adecuadamente [...] las consecuencias en términos de empleo y de organización del trabajo" de las medidas.

Aparte de cuestiones técnicas, como la redacción "confusa" de algunos artículos, el Consejo destaca que es "especialmente preocupante" que en el anteproyecto "se derive a terceros [dueños de locales, empresarios] la responsabilidad del control y vigilancia del cumplimiento de la normativa".

"Esta función es exclusiva de las Administraciones públicas competentes", indica el Consejo. Al respecto critica que no se tengan en cuenta las normas autonómicas ya vigentes, e indica que "sería positivo que el Gobierno concentrara sus esfuerzos en la necesaria labor de coordinación".