Piqué dice que en Cataluña es general la sospecha de que existen mafias de cobro de comisiones

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, continuó ayer atizando la crisis política catalana, y afirmó que en esta comunidad existe la "sospecha generalizada" de que existe una "mafia" de cobro de comisiones. No aportar ni una sola prueba que avalara sus palabras le valió una seria reprimenda por parte del PSC y de Esquerra Republicana. Esta última formación no tardó ni dos horas en recordarle su vinculación con el caso Ercros y la compra de una segunda residencia a través de una de sus sociedades con el fin de pagar menos impuestos.

Josep Piqué, durante su intervención en el Foro Europa en Madrid, no dudó en relacionar el "pacto de silencio" que en su opinión existe entre convergentes y socialistas para "taparse sus vergüenzas" con una eventual "radicalización" de la propuesta de reforma del Estatuto catalán. Según Piqué todas las formaciones políticas catalanas menos la que él representa pueden estar preparando una "huida hacia delante" para redactar un Estatuto que "desborde" el marco constitucional y, con ello crear una polémica que haga olvidar la brecha abierta por la crisis del 3%.

Pero llegó más lejos, al alertar de que "si al final sale un Estatut, siempre quedará la sospecha de que debajo hay pactos subterráneos que no se pueden explicar".

El resto de formaciones catalanas reaccionaron con ira, recordaron a Piqué que el PP también forma parte de la ponencia que redacta el nuevo Estatuto y que el historial de su partido no le faculta para dar "lecciones de transparencia".

Las críticas más duras llegaron desde Esquerra Republicana cuyo portavoz en el Parlament, Joan Ridao, no dudó en recordar la implicación del exministro en el caso Ercros y la compra de un chalet en el Pirineo a través de la sociedad Loreto Consulting con la finalidad de ahorrarse impuestos. Desde las filas socialistas, Miquel Iceta se preguntó si el interés del PP en atizar la crisis catalana puede responder "a que alguien esté intentando hacer ruido para intentar tapar cosas bastante difíciles de tapar y que comienzan por eme, como Marbella o Majadahonda".

El Gobierno catalán también respondió de forma enérgica a las palabras de Piqué. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, máximo impulsor de la reforma estatutaria, calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones del líder del PP catalán y aseguró que la ponencia está trabajando en un Estatuto "potente" pero "siempre dentro de la Constitución". Saura, que ayer habló del nuevo Estatuto catalán en Bilbao, vaticinó que el nuevo texto destacará más por los logros sociales que incluirá y no tanto por sus reivindicaciones de carácter identitario.

La financiación de los partidos políticos, la base sobre la que se ha erigido el cruce de acusaciones de corrupción entre las formaciones catalanas, será objeto de debate en una reunión de todos los partidos, mañana en el Parlament a propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds. Ayer, todas las formaciones anunciaron que acudirán al encuentro, pero con importantes desavenencias. En este punto destaca la oposición de CiU a abordar una eventual prohibición de las donaciones anónimas a los partidos políticos, una vía que le permitió ingresar más de 18 millones de euros entre 1992 y 2001.

En la línea de fomentar la transparencia de las administraciones, el Gobierno catalán también dio ayer un paso adelante en la creación de la Oficina Antifraude, el organismo que debe detectar las conductas fraudulentas que se produzcan dentro de la Generalitat o de las empresas que se relacionan económicamente con ésta. Ayer se aprobó el programa destinado a crear la Oficina, cuyas funciones y composición las determinará una ley específica que será aprobada y remitida al Parlamento catalán en el plazo máximo de cuatro meses.

Esta oficina, que dependerá orgánicamente del conseller en cap, el republicano Josep Bargalló, estará inspirada en otros organismos análogos que funcionan en Europa, muy especialmente en la Olaf, que actúa en el ámbito de la Unión Europea y depende de la Comisión.

Ante las reiteradas críticas a la gestión de CiU, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol salió ayer a defender su legado y acusó al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, de no tener "autoridad moral" para liderar el nuevo Estatuto, informa Gerard Bagué. El ex presidente de la Generalitat tiene el convencimiento de que Maragall ha echado por los suelos el prestigio de Cataluña. "Hemos bajado muchos puntos en consideración y respeto", lamentó, y culpó también a Margall de que los catalanes esperen "mucho más del Gobierno de Madrid que del de Cataluña".