Imputadas 37 personas por construir viviendas unifamiliares en suelo público de Torredelcampo
La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén la diligencias en las que imputa a 37 personas por un presunto delito contra la ordenación del territorio por construir viviendas unifamiliares en unos terrenos de dominio público y no urbanizables en el paraje protegido del Megatín, en Torredelcampo (Jaén). Entre los imputados se encuentran promotores, constructores y directores técnicos de obra que, según informó la Benemérita, ya habían iniciado la construcción de 20 de las 50 viviendas que habían proyectado en unos terrenos de 60.000 metros cuadrados que habían sido parcelados.
La delegada de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, confirmó ayer que el Ayuntamiento de Torredelcampo presentó en 1998 una modificación puntual de las normas subsidiarias de la localidad, que tenía por objetivo la regularización y ordenación del área conocida como Megatín. A continuación, la Delegación procedió a la apertura de un expediente y a solicitar al Consistorio una ampliación de la información aportada. No obstante, el Ayuntamiento informó que como consecuencia de la ocupación que realizaron los primeros propietarios el expediente se encuentra en estudio hasta determinar el trazado alternativo de la vía pecuaria.
Medio Ambiente reconoció que existe "un problema de intromisión de vías pecuarias" en la zona de la Cuesta Rasa, en las inmediaciones del Megatín, pero garantizó que "no habrá ninguna pérdida de patrimonio" por las edificaciones ilegales que ahora han sido denunciadas. Ramírez señaló que "la ley establece salidas y alternativas", de modo que se ha llegado a un acuerdo para "buscar un trazado alternativo" a la vía pecuaria ocupada por algunas de esas viviendas.
Cabañas en El Carrascal
Por otro lado, la Fiscalía no ha apreciado indicios de delito en la actuación de un guarda de Medio Ambiente que construyó cabañas de madera en el paraje protegido del Carrascal, dentro del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). La delegada de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, mostró ayer su respeto por la decisión del fiscal, aunque subrayó que "no comparte" su resolución. La Junta trasladó el pasado 12 de enero a la Fiscalía de Jaén el expediente disciplinario abierto contra un agente forestal tras advertir que las construcciones que había promovido eran ilegales por encontrarse en zonas de máxima protección del parque natural.
Medio Ambiente, según añadió Ramírez, mantiene abierto el expediente disciplinario contra el funcionario, que se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones desde el pasado 21 de diciembre. La delegada recordó que existe un instructor y un secretario del procedimiento, que serán los encargados de resolver en última instancia el expediente.
