PP e IU culpan a la Junta del descontrol urbanístico en Marbella y la llegada de mafias

La oposición política en Andalucía ha convertido también la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales en un argumento de crítica al presidente de la Junta, Manuel Chaves. Tanto el presidente del PP, Javier Arenas, como el coordinador de IU, Diego Valderas, culparon ayer del descontrol urbanístico en Marbella, que todos los partidos coinciden ha sido caldo de cultivo para el lavado de dinero negro. El Gobierno andaluz recordó que lleva años de pleitos judiciales con el Ayuntamiento de Marbella por los desmanes urbanísticos.

Chaves vinculó el lunes el asentamiento de grupos de delincuencia organizada en la Costa del Sol con la situación del urbanismo en Marbella, con un plan de ordenación vigente del año 1986 aún sin revisar y un sin fin de licencias de obras concedidas por el consistorio en contra de su propias normas de planeamiento. Según Chaves, este caos ha favorecido el blanqueo de capitales en inversiones inmobiliarias, algo en lo que básicamente están de acuerdo todos los partidos políticos.

La diferencia es que la oposición hace a la Junta responsable de este descontrol urbanístico. "Las competencias de urbanismo en Andalucía son del señor Chaves, y la Junta ha tenido un fracaso rotundo en el control de las políticas urbanísticas en Marbella", dijo Arenas, quien exigió una "actuación urgente" a la Administración autonómica. En declaraciones recogidas por Efe, el presidente del PP dijo no entender la "alegría" con la que Chaves habla de la calamidad urbanística en Marbella, "sin darse cuenta de que el responsable es él".

Arenas lanzó insinuaciones sobre el pasado y dijo que el presidente de la Junta tiene "mucho que explicar" sobre "muchas cosas raras, muchas irregularidades, algunas de las cuales afectaban al partido del señor Chaves".

También Diego Valderas se quejó de que la Junta "nunca ha querido actuar sobre el Ayuntamiento de Marbella".

Pero la realidad es que la Junta de Andalucía ha impugnado en los tribunales más de dos centenares de licencias irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Marbella, y vetó hasta en tres ocasiones el proyecto de PGOU elaborado por el gobierno municipal de Jesús Gil en 1998 que, entre otros aspectos, contemplaba la recalificación a urbanizable de 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal. El pasado 2 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia en la que anuló el pleno en el que el Ayuntamiento aprobó aquel documento el 7 de agosto de 1998, que fue impugnado por la Junta.

Actualmente, los juzgados de Málaga instruyen medio centenar de procedimientos por delito urbanístico contra concejales de Marbella.

El portavoz del Gobierno de la Junta, Enrique Cervera, recordó ayer que la Junta "lleva mucho tiempo litigando en los tribunales para que se cumpla la legalidad en Marbella" y que "lo que sucede es que cuesta trabajo que se ejecuten las sentencias". Cervera dijo que la operación Ballena Blanca es "una oportunidad para limpiar la Costa del Sol" y que ésta "no es el problema de Marbella, sino la solución".

El coordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, anunció que su grupo va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para la creación de un plan integral de lucha contra las mafias en la comunidad autónoma. El diputado malagueño Antonio Romero lamentó que la Junta "haya argumentado durante años que la lucha contra las mafias es competencia exclusiva del Estado" y dijo que el Gobierno autonómico tiene facultades sobre el urbanismo, el blanqueo de dinero en los puertos deportivos, el control de los flujos turísticos y en proponer la disolución de los ayuntamientos que dañen el interés general.

IU va a pedir también en el Congreso de los Diputados la creación de una unidad antimafia "con medios adecuados" formada por Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.