El teléfono para regularizar inmigrantes sigue colapsado

Adrián es rumano y lleva tres años en España. Después de trabajar 27 meses como panadero, acaba de perder su empleo porque desea conseguir los papeles dentro del proceso de regularización abierto hasta el 7 de mayo, y sus empleadores le aseguraban que era imposible conseguir una cita en una de las 40 oficinas de la Seguridad Social dedicadas a esta actividad en la región. Es una víctima del colapso que sufre el teléfono 901 502 050, que es obligatorio utilizar desde el pasado 28 de febrero para pedir cita previa para iniciar los trámites de regularización. Adrián reconoce que es "muy difícil" conseguir una cita. Él mismo lo intentó muchas veces para solicitar una para su esposa. "Pero no es imposible. Mi ex jefa lo ponía como excusa para no regularizarme".

La secretaria general de la Tesorería de la Seguridad Social, María José Tarrero, reconoció recientemente que los dos primeros días en los que se puso en marcha esta línea "se produjo un bloqueo" porque se esperaban unas 3.000 llamadas a la hora y se llegaron a recibir 9.000. Pero el propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirmó que "ya no había ningún problema y la red recibía las llamadas sin ningún bloqueo", gracias a la instalación de un buzón de voz donde el interesado puede dejar sus datos y después se ponen en contacto con él para darle cita.

Ayer, fuentes de Trabajo volvieron a asegurar que "el sistema funciona con normalidad, recibiéndose unas 5.000 llamadas al día". "Incluso hay horas valle donde se reciben muchas menos llamadas, de ocho a nueve de la mañana, de tres a cuatro y de siete a nueve de la tarde, y se han devuelto todas las llamadas registradas en el buzón de voz".

Más de dos horas de espera

Juan (nombre ficticio), un empresario que quiere normalizar la situación de su asistenta, estuvo ayer más de dos horas intentando anular una cita previa que había conseguido hace unas dos semanas, también con mucho esfuerzo. Como no lo lograba, llamó a la oficina de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón, donde le indicaron que la única manera de anular la cita era a través del teléfono habilitado. Cuando él les dijo que era imposible contactar con una operadora, le contestaron que ya conocían el problema porque las quejan son frecuentes.

Bien lo sabe una de las operadoras de la empresa Atento, subcontratada por la Tesorería de la Seguridad Social para atender este servicio, que cada día tiene que atender muchas llamadas en las que los inmigrantes y los empleadores protestan por el tiempo que tienen que esperar para ser atendidos. "A veces lo pasamos mal", confiesa. El 901 502 050 no es un teléfono gratuito, sino de pago compartido. La persona que telefonea tiene que abonar la mitad de la llamada (1,2 céntimos el minuto).

La telefonista asegura que el sistema informático con el que trabaja "a veces se cuelga". "En ese lapso de tiempo, no podemos dar las citas; sólo tomar los datos a mano y después llamarles". Fuentes de Trabajo afirmaron ayer que, pese a que el 3 de marzo hubo un fallo informático, "ahora la red funciona con normalidad".