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La Unió exige al Consell que reconozca a la COAG y Asaja como únicos interlocutores

Camps y Cotino aceptan estudiar mejoras en la fiscalidad de los agricultores

Camps recibió ayer, por primera vez, a la dirección de la Unió de Llauradors i Ramaders-COAG de manera institucional en una reunión que tuvo por objeto abrir un diálogo con un sector que atraviesa graves dificultades. El secretario general de la Unió, Joan Brusca, llevó a la reunión las exigencias que para su organización completarían las reivindicaciones comunes de todo el sector expuestas en la multitudinaria manifestación de hace diez días.

La dirección de la Unió volvió ayer a reclamar a Camps y a Cotino la celebración de elecciones a las cámaras agrarias provinciales, ya que se ha derogado la ley estatal que impedía a las comunidades autónomas organizar los procesos para determinar la representación en el campo. Brusca pidió que, en tanto en cuanto no se celebren estos procesos electorales, COAG y Asaja asuman la interlocución y el reconocimiento de la Administración de forma paritaria.

El consejero de Agricultura, Juan Cotino, se mostró de acuerdo con impulsar la celebración de elecciones en el campo, aunque explicó que el problema radica en fijar el cuerpo electoral: es decir, si son los agricultores o los propietarios de las tierras los que tienen derecho a voto. Junto a esta cuestión, la Unió reclamó otras medidas para mejorar la situación de los agricultores, como un mejor trato fiscal en el tramo autonómico del IRPF y el establecimiento de una paga mensual de 200 euros para aquellos agricultores cuya jubilación no alcance el salario mínimo interprofesional. Tanto Camps como Cotino se comprometieron a trabajar para conseguir que estos objetivos puedan ser una realidad.

Los representantes de la organización agraria reclamaron también que se doten presupuestariamente todas las iniciativas propuestas para garantizar el futuro de los agricultores, así como medidas para combatir el minifundismo. El consejero Juan Cotino expresó su predisposición a estudiar todas estas cuestiones, recabando el apoyo de Bruselas y de Madrid, y combatiendo el minifundismo con propuestas para impulsar el cultivo en común, además de la comercialización.

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