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Cómo tenemos nuestro patrimonio

A menudo es noticia periodística el peligro que acecha a algún bien de nuestro legado, en ocasiones incluso su desaparición. A fuerza de esa reiteración informativa nos vamos acostumbrando y perdiendo nuestra capacidad de respuesta. De esta forma en los últimos tiempos hemos visto cómo proyectos como el AVE se han elaborado sin reparar en acueductos medievales, villas romanas, o cómo urbanizaciones o autovías se ejecutan sobre restos arqueológicos o paleontológicos destruyéndolos.

En general, en este territorio se hacen grandes proyectos, se urbaniza sin tregua, los ayuntamientos sueñan con crecer y construir ampliando su termino. Ahí tenemos el caso reciente de Manises, mientras su centro histórico está en ruinas, el barrio Dels Obradors, su alcalde se apunta al crecimiento apoyando una gran urbanización nueva. En cuanto a nuestro Gobierno, siempre en sus "tierras míticas", dando faena a las constructoras y urbanizadoras.

La figura legal del protector del patrimonio, un premio al esfuerzo ciudadano, está inédita

En claro contraste con todo ello, nuestro patrimonio histórico languidece o peligra. Caen edificios, los entornos de todo aquello que aparentemente está protegido, en ocasiones se deja al libre arbitrio de la construcción, más bien, la llana especulación. Efectivamente, nuestro patrimonio es muy amplio, la acción pública no tiene capacidad por sí sola, ahora bien, quien debe dirigir, quien debe marcar pautas, no lo hace suficientemente. Veamos nuestros presupuestos para el año 2005, el esfuerzo financiero asignado a la conservación del legado por la mayoría gobernante es ridículo si lo comparamos con otras partidas, o con cosas como la Copa del América.

Nuestra ley, hecha por quienes nos mandan o gobiernan, desde sus primeras líneas lo deja muy claro. En ella, la de Patrimonio Cultural, podemos leer: "El Patrimonio cultural valenciano es una de las primeras señas de identidad del pueblo valenciano y testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, la conservación y enriquecimiento de los cuales corresponde a todos los valencianos y, especialmente, a las instituciones y a los poderes que los representan". Hasta ahí, lo formal, lo legislado. La realidad es bien diferente y más que evidente.

Cuando todavía nos queda bastante de ese patrimonio nos vemos obligados a exigir coherencia con esa previsión legal. Nuestras alquerías, conventos, iglesias, castillos, la huerta misma, casas señoriales, núcleos históricos, y otras muchas cosas más, pueden y deben recuperarse. No es que todo deba dejarse a la administración, eso es obvio. Nuestra sociedad es poco sensible, desconoce lo que tiene y lo que con ello podríamos hacer, incluso poniéndolo en valor como reclamo turístico. También es cierto que en esta tarea, en la que vengo dedicando tiempo y algún trabajo, cada vez me encuentro con actitudes de gentes que se organizan para defender algo de nuestro patrimonio. Ejemplo de lo han sido las iniciativas del pueblo de L'Enova, ante su villa romana, la de La Vall de Vernissa, y de la entidad Alfons el Vell, ante el caso de San Jerònim de Cotalba, la de Manises, o de Massamagrell, por citar casos recientes.

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No todo es una simple cuestión económica, desde las administraciones, y fundamentalmente desde la Generalitat, habría que buscar estímulos de cara a la ciudadanía. La ley, ya citada, por ejemplo, establecía que nuestro gobierno, como medida de fomento incluiría el conocimiento del patrimonio y fomentaría su estima en el sistema educativo. También, en la misma ley se indicaba que se crearía la figura del protector del patrimonio, una especie de reconocimiento o premio al esfuerzo ciudadano. Ambas previsiones legales se han quedado hoy por hoy en el papel. Los intereses de quienes ostentan el poder, ese llamado poder valenciano, van en otro sentido. Nuestro presidente, profesor Grisolia, comenta que algunas veces nos hacen caso, pero, ¿Cuántas y cuántas no? Incluso a veces ni nos piden opinión, caso del proyecto reciente de Ley de Archivos.

Vicent Álvarez es miembro del Consell Valencià de Cultura.

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