El juez archiva la denuncia de acoso contra el jefe superior de Policía

El juez de Bilbao que instruía la denuncia contra el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Barón, por los delitos de trato degradante, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y un delito contra la administración de justicia ha sobreseído la causa. El magistrado considera en el auto de archivo que no se ha probado que el trato de Barón al denunciante fuera "especialmente humillante", ni ha detectado durante la investigación "ninguna desviación de fondos" de la residencia policial de Basauri a Barón. El auto, notificado en febrero, está recurrido.

La investigación contra el máximo responsable de la Policía en Euskadi ha durado apenas un año. Las diligencias judiciales realizadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, Eduardo Luis González del Campillo Cruz, tienen su origen en una denuncia presentada en marzo de 2004 por un comisario que lleva 40 años destinado en el País Vasco. En la denuncia se indicaba que desde la llegada de Barón a la Jefatura Superior, en enero de 1999, "se han venido produciendo una serie de hechos irregulares, a mi juicio incluso delictivos, que he conocido en el ejercicio de mis funciones".

El comisario denunciante ocupaba entonces el puesto de secretario general, un cargo de confianza (libre disposición). En la actualidad está de baja laboral y sufre un "cuadro depresivo" con "síntomas psicóticos, causalmente adecuado a una vivencia de acoso laboral por un superior jerárquico, pero basado en el componente subjetivo aportado por el paciente". Este diagnóstico, realizado por el médico forense para la causa el pasado 27 de enero de 2005, ha sido utilizado por el juez instructor del caso para interpretar que las "formas autoritarias" del jefe superior de Policía, unidas al "carácter sensible y familiar" del denunciante le han "ocasionado un sentimiento subjetivo de padecer un trato humillante, degradante, vejatorio o denigrante de su dignidad".

"Elevada" autoestima

Pero el juez no considera probado en la investigación que el "trato proporcionado por Enrique Barón al denunciante fuera especialmente humillante en términos objetivos ni diferente al proporcionado a otros funcionarios". Ni tampoco que pretendiera "desembarazarse" del denunciante con "procedimientos humillantes, vejatorios, indignos o degradantes dirigidos a forzarle a cesar en el cargo, a menospreciarle o reducirle su propia autoestima", según consta en el auto de sobreseimiento, 20 folios.

El juez instructor, además, aprecia que el "elevado grado de autoestima y de autoimagen" del denunciante -ratificado en el reciente informe del médico forense- "no es correlativo" con la "merma de autoestima" que se genera en la víctima de un trato vejatorio y humillante.

Junto al informe forense, el magistrado se apoya en las declaraciones realizadas por los testigos en la causa. Ninguno de ellos ha dado cuenta de episodios humillantes, ni de trato vejatorio y muchos de ellos han calificado la personalidad del comisario denunciante de "puntilloso", "especial", "raro", "maniático" o "quisquilloso", a la vez que un "elevado grado de exigencia" en orden al cumplimiento de las normas. Siendo el servicio profesional prestado durante estos 40 años "el motor de su vida", según apunta el juez, "hasta el extremo de sacrificar valores personales e, incluso, familiares". "Toda una manera de ser o todo un carácter, con sus aspectos positivo y negativos", resume el magistrado. El juez considera que las "recriminaciones" o "críticas" de Barón hacia sus subordinados "se enmarcan dentro del control de la actividad de los mismos, especialmente en una organización fuertemente jerarquizado como es" el Cuerpo Nacional de Policía. Por todo ello, el instructor no ve que existiera ninguna "trama orquestada" por Barón para "menoscabar la dignidad" del denunciante.

En relación con la denuncia de malversación de fondos de la residencia policial de Basauri, la investigación "no ha detectado ninguna desviación de dinero". Y, sin embargo, ha constatado que el destino de algunas partidas de los fondos de la residencia para pagar las fiestas patronales anuales era conocido y aceptado por todo el mundo, incluido el propio denunciante, que avaló con su firma de secretario general esos gastos. El juez niega un "uso abusivo o arbitrario" de los depósitos en la cuenta de los fondos comunes, ni que Barón tuviera firma autorizada. Y recuerda que la Dirección General de Policía no ha incoado desde 1999 "ningún expediente de investigación por irregularidades en las cuentas de la Residencia".