Cambiar (a la baja) las reglas del juego

Silente algún tiempo sobre el asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a la carga: antes de que acabe la actual legislatura eliminará el impuesto de sucesiones. Se pone así en la misma secuencia fiscal que sus admirados neocons americanos y que Silvio Berlusconi. Buenos compañeros de viaje. No satisfecha con ello, Aguirre señala también: "Está en nuestra ideología que las donaciones tampoco paguen impuestos, pero, al contrario de lo que ocurre con el impuesto de sucesiones, ése no es un compromiso asumido por el Gobierno regional". Esta decisión no es menor: supone un cambio en las reglas del juego, una reforma a la baja de la Constitución de 1978 en materia económica. Por tanto, debería provocar un debate análogo al de la otra reforma constitucional, que tantos ríos de tinta está derramando.

El sistema fiscal español está basado en dos impuestos directos y complementarios: el de la renta de las personas físicas (que grava las vías de acrecentamiento patrimonial como los ingresos corrientes y las ganancias de capital) y el de sucesiones y donaciones (que grava los acrecentamientos por donaciones o por transmisiones mortis causa). Como hace poco escribía el economista José Sevilla, los impuestos directos descansan en una idea muy clara: todo lo que fluye a un sujeto, todo lo que recibe y puede destinar al consumo o incrementa su patrimonio, debe ser gravado: la suma de todo lo que recibe es el mejor indicador de su capacidad de pago. Si se amputa uno de los sumandos (el impuesto de sucesiones), esa capacidad de pago será superior para los más ricos.

Exonerar de impuestos a un colectivo, el de los ciudadanos más pudientes, dará aún más regresividad al sistema. La herencia es un vehículo de transmisión de la propiedad, que consolida las desigualdades. Es evidente que los hijos de los más ricos disponen al heredar de una situación de partida alejada de aquellos que carecen de patrimonio. La supresión del impuesto adelgaza la igualdad de oportunidades. Uno de los primeros factores de corrección de la economía de mercado fue el impuesto de sucesiones. La hipótesis de que todos disponemos de las mismas oportunidades, y de que todos podemos ser millonarios simplementente basándonos en nuestro esfuerzo, es risible: no resiste el contacto con la realidad.

Por ello, cuando Bush anunció la misma medida que ahora propone Aguirre, un centenar de millonarios (entre ellos Bill Gates, Warren Buffet, los Rockefeller...) se resistieron públicamente, para preservar la igualdad de oportunidades: "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito". Buffet hizo una afortunada analogía: sería como formar el equipo olímpico eligiendo a los primogénitos de los medallistas anteriores.

El impuesto de sucesiones es un gravamen progresivo basado en dos variables: el grado de parentesco y la cuantía a la que asciende la herencia. La supresión del mismo exonera -no por motivos fiscales, sino ideológicos- la tributación a una vía de acrecentamiento patrimonial que no afecta a todos por igual, sino beneficiando a los poseedores de grandes patrimonios. ¿Cuáles son los intereses que defiende Aguirre?

Hace tiempo que los partidos llegaron a un consenso: se mantiene la herencia, pero se detrae una porción que permita financiar políticas de igualdad de oportunidades. Ello ha permitido que todos los ciudadanos -con independencia de su origen y recursos- dispongan teóricamente de las mismas oportunidades para participar en la sociedad. Hay dos derechos en pugna, el derecho a heredar de los unos, y el derecho a disponer de las mismas oportunidades de los otros. Aguirre los quiere desequilibrar a favor de los primeros. ¿Cabe una política más reaccionaria? Agnes Heller escribió: "La ética social se basa en distinguir la lotería genética del mérito".