El ex presidente de Quality vuelve a cuestionar el papel de Osuna en Zona Franca

El ex presidente del grupo Quality S.A. Manuel García insistió ayer en cuestionar la intervención de Miguel Osuna (PP), ex delegado de Estado en la Zona Franca de Cádiz. García señaló que el papel de Osuna fue de "pantalla" con el objetivo de "hacerse fraudulentamente con el control de la empresa al precio que fuera".

García, en un comunicado, respondió así a la información desvelada por el senador del PP, José Blas Fernández, y el consejero del PP en la Zona Franca de Cádiz, Ignacio Romaní, de que tres juzgados de San Fernando (Cádiz) le han condenado a pagar más de un millón de euros "por enriquecimiento injusto".

En rueda de prensa, ambos dirigentes del PP señalaron que el ex presidente del grupo Quality, según las sentencias, realizó "conductas irregulares" a través de una "pantalla fiscal", donde "aumentaba su patrimonio societario a costa del dinero en efectivo aportado por el resto de socios".

García explicó: "Se nos acusa por los divulgadores de sentencias por este préstamo que nos concedió la empresa, que siempre hemos admitido y que es perfectamente legal, pero sin embargo callan, tal como consta en auditoría, que el anterior delegado del Estado ordenó retirar el dinero con el que consiguió la mayoría del capital social el día después de ponerlo, con un viaje de ida y vuelta".

Por este motivo, se preguntó si "era eso reforzar el capital social de la empresa o era eso también una pantalla para hacerse fraudulentamente con el control de la empresa al precio que fuera".

Evolución de la empresa

Según García, "Osuna conocía perfectamente la evolución de la empresa y por tanto que no estaba en quiebra". Asimismo, señaló que "nadie le obligó a tomar el control" de su empresa, así como que "nadie le obligó a comprar la mayoría de la sociedad sin una previa auditoría que la hubiera valorado", algo que, a su juicio, "como gestor publico no se entiende".

Además, el ex presidente de Quality rechazó que Osuna "se adueñara de un proyecto empresarial privado que creaba empleo y quisiera tener bajo su control esa fábrica de empleo". "Alguien tendrá que explicar al Tribunal de Cuentas cómo es posible que en diciembre del 2003 se justificara la compra de la mayoría de mi empresa para evitar que se fuera de Cádiz y sólo diez días después se iniciara esa campaña mediática de acoso y derribo contra mi familia y yo mismo", señaló.

En este sentido, añadió que siempre se negó a que la Administración tomara el control de la empresa. "Pero fue una exigencia que hicieron para acudir a la ampliación del capital y no tuve más remedio que aceptar", señaló García en el comunicado.