El poder de las parcelas

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, se iba a China aquel jueves 14 de enero. Su avión salía a la una. Iba a estar fuera, de viaje oficial, ocho días. Muchas decisiones tendrían que posponerse hasta su vuelta. Sin embargo, había una que no podía esperar. Al menos eso pensaba el por entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP, que con dos concejales fieles se dirigía, más o menos al mediodía, a toda prisa, al aeropuerto de Barajas. Ortega, de 36 años, afiliado al PP desde los 14, vinculado desde siempre a Majadahonda, quería enterarse, de la misma boca de Aguirre, si era verdad lo que un constructor le había dicho esa mañana por teléfono: que el partido pensaba en otra persona como alcalde. Y que la causa de su inminente defenestración era la venta de dos parcelas municipales edificables. Esa misma mañana comenzó a gestarse una crisis político-urbanística que ha acabado con el relevo de Ortega al frente de la alcaldía y una denuncia del PSOE ante el fiscal general por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Éste ha considerado la documentación lo suficientemente relevante como para ordenar al fiscal anticorrupción que investigue todo el entramado.

En medio hay unas jugosas conversaciones grabadas subrepticiamente con el teléfono móvil de uno de los concejales del Partido Popular

Majadahonda, situada a 25 kilómetros de Madrid, contaba en 1950 con 800 habitantes. En 2001 sumaba 50.000. Ahora tiene 65.000

En medio hay unas jugosas conversaciones grabadas subrepticiamente con un teléfono móvil por uno de los concejales del PP que asistieron a la reunión celebrada en el despacho de Ortega cuando Aguirre ya había vuelto de China, y en la que participaron, a cara de perro, todos los ediles del equipo de gobierno de Majadahonda. En las grabaciones, hechas públicas por la cadena SER, al por entonces alcalde se le oye, entre otras cosas, lo siguiente: "Yo voy a la sala de autoridades de Barajas y le digo [a Esperanza Aguirre] si me tengo que ir. Ella me dice que en absoluto (...), y el único empeño que hace ella es en el tema de las parcelas". Guillermo de Foxá, que ese día era concejal de Urbanismo y ahora es sustituto en la alcaldía de Ortega, afirma también en las cintas: "Lo único que ha dicho Esperanza Aguirre es que el tema de las parcelas no va". También se oye al ex alcalde proferir acusaciones explícitas: "El mamoneo de los servicios municipales no se puede consentir más. (...) No voy a consentir que el arquitecto municipal cambie su informe de la parcela para que se la lleve [la constructora] Afar-4". ¿Qué parcelas son ésas para que el caso alcance a la presidenta regional? ¿Qué pasa en Majadahonda para que un concejal del PP utilice su móvil con cámara para grabar conversaciones secretas del PP con ánimo de dinamitar la cohesión de su grupo político?

Majadahonda, situada a 25 kilómetros de Madrid, contaba en 1940, más o menos, con 800 habitantes. En 2001 sumaban 50.000. Ahora tiene 60.000. Es imposible, entre la selva de hileras de chalés adosados de clase media, reconocer la traza del viejo pueblo. El crecimiento exponencial de población ha venido de la mano de la escalada en el precio de la vivienda. Un piso de 100 metros cuadrados cuesta de media 370.000 euros. Y solares del tamaño de un manzana de casas que hace 25 años no valían casi nada se venden por millones de euros. Dos de estos solares, bautizados en el Ayuntamiento de Majadahonda con nombres de robot de La guerra de las galaxias, RN1 y D2, del tamaño de seis y de cuatro campos de fútbol, respectivamente, propiedad del municipio, están detrás de todo. Son las "parcelas" protagonistas de las grabaciones.

Concurso público

El ex alcalde decidió venderlas, mediante concurso público, hace un año. No quería que corrieran la misma suerte que algunas otras desde 2000: ser gestionadas por la empresa pública Pammasa, cuyo presidente, desde hace años, es Narciso de Foxá.

El portavoz del PSOE en Majadahonda, Ricardo Núñez, ha denunciado que, mediante esta empresa pública, el municipio ha surtido de parcelas a buen precio a constructores privados, haciéndoles ganar más de 108 millones de euros en los últimos cinco años. "Y el dinero, ni se crea, ni se destruye: sólo cambia de manos. De las manos del Ayuntamiento, en forma de suelo público, ha pasado a las de los promotores de viviendas, que hacían pisos y se forraban", añade Núñez. Ya en octubre de 2003, el PSOE criticó el hecho. "Y entonces el alcalde era Guillermo Ortega, que lo permitía y a quien el sistema le parecía bien", aclara el portavoz socialista.

No le pareció tan bien, sin embargo, en abril de 2004. Decidió sacar a concurso público las dos parcelas. A un precio fijo. Esto es: el Ayuntamiento se embolsaría 48 millones de euros por la RN1 y 35 millones por la D2. Ni más ni menos. Según aseguró Ortega en su día, "así no se favorecía la especulación". Los criterios para elegir a la promotora de viviendas que se haría con las parcelas serían, exclusivamente, urbanísticos: calidad de las edificaciones, mejoras medioambientales, plazos de ejecución...

El PSOE ha denunciado ante el fiscal general del Estado que existieron presiones para que saliera ganadora la empresa Afar-4. Y aporta como prueba dos informes del arquitecto municipal, Pedro Sánchez, que se contradicen aparentemente entre sí y que terminan por darle la adjudicación a esta constructora. También sostiene que es revelador lo que afirma el ex alcalde en la grabación captada en su despacho -"no voy a permitir que el arquitecto municipal cambie su informe para que se la lleve Afar-4"-. Por su parte, el arquitecto municipal, que lleva más de 20 años en el Ayuntamiento, ha defendido su inocencia en un escrito remitido recientemente al nuevo alcalde, Narciso de Foxá. Éste le cree.

El PSOE añade que, en un tercer informe, los técnicos de la Comunidad saldan la cuestión en contra de Afar-4. Esto ocurre a finales de diciembre. Sin embargo, el concurso nunca llegará a adjudicarse. Porque es entonces cuando la situación se precipita: la mañana del 14 de enero, el ex alcalde Ortega asegura recibir una llamada telefónica advirtiéndole de que el partido piensa en otra persona para alcalde.

El 24 de enero, en el despacho de Ortega, se produce la reunión de todos los concejales del PP y la grabación disimulada. Es ahí donde Foxá le explica a Ortega que las parcelas "no van".

El 4 de febrero, Guillermo Ortega dimite. Aduce "motivos personales". El PP explica además que su dimisión obedece a "problemas de salud relacionados con el corazón". Esto no le impide hacerse cargo, a propuesta del PP, de la gerencia del Mercado Puerta de Toledo, en el centro de Madrid. Desde entonces evita a la prensa.

Ese mismo 4 de febrero, Foxá empuña la vara de alcalde. Asegura que lo mejor es que el polémico concurso quede desierto y se convoque otro en el que las ofertas económicas cuenten.

Mientras, las dos tentadoras parcelas con nombre de robot siguen ahí, revalorizándose a cada momento, amontonando cada día que pasa un puñado más de euros.