El alcalde de La Vila coincide con la ptomotora en no tirar el Atrium

La sentencia que obliga al alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, del PP, a restituir la legalidad urbanística del complejo hotelero Atrium Beach no ha alterado los planes de éste de pactar un acuerdo con la promotora, Hotel Luna SA, que evite la demolición del exceso de obra del inmueble. Llorca valoró ayer el contenido del fallo judicial en idénticos términos que la promotora.

El alcalde aseguró ayer que la sentencia que le ordena la convocatoria de un pleno para restituir la legalidad urbanística del hotel Atrium no es incompatible con su plan para legalizar las obras a través de un plan de reforma interior. José Miguel Llorca anunció ayer que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia sobre las obras ilegales del Atrium Beach. "Adoptaré los acuerdos necesarios para regularizar la situación", enfatizó.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha ordenado al alcalde a convocar, en el plazo máximo de un mes, un pleno para restablecer la legalidad urbanística del Atrium Beach, cuyas obras están paralizadas desde septiembre de 2003. El juez indica en la sentencia que no es el órgano competente para dictar la demolición del exceso de obra, pero sí indica que la resolución municipal debe adoptarse en el marco del artículo de la Ley del Suelo que contempla la demolición.

En rueda de prensa, el regidor aseguró que el fallo judicial incide en "llevar a cabo todas las actuaciones tendentes a la legalización" de las obras. Y se aferró a que, en su fallo, el juzgado se declara incompetente para ordenar la demolición de las obras ejecutadas sin licencia, pues ello comportaría una extralimitación de las funciones jurisdiccionales al encontrarse en trámite un expediente de restablecimiento. Llorca omitió un apartado fundamental de la sentencia, en el que el juez indica al Ayuntamiento el sentido de la resolución.

El alcalde aseguró que en estos momentos se estudia la propuesta de la promotora de las obras de tramitar un Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM), entre cuyas determinaciones se contendría la cesión al municipio de 40.848 metros edificables, en la actualidad de su titularidad. El regidor, según una nota de Efe, no quiso pronunciarse sobre la respuesta del Ayuntamiento a esa propuesta, y dijo desconocer si la Consejería de Territorio y Vivienda "tiene potestad o no para aprobar ese instrumento de planeamiento". "Mi intención es que esté avalado" por la Administración autonómica", señaló . "Antes de valorar la propuesta, la mercantil tendrá que mostrarnos las posibilidades de legalización. Luego tomaremos la decisión", precisó.