Washington podrá negar asistencia consular a los extranjeros detenidos

El Gobierno de EE UU ha comunicado al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que abandona el protocolo opcional de la Convención de Viena que garantiza la atención consular a detenidos en el extranjero, al considerar que otros países lo estaban utilizando para entrometerse en su sistema judicial, informó ayer el diario The Washington Post. La decisión va precedida de otra en la que George Bush ordena revisar los 51 casos de mexicanos en el corredor de la muerte, privados de asistencia diplomática.

Este protocolo fue propuesto por EE UU, su gran promotor, en 1963 y ratificado en 1969 junto con el resto de la Convención de Viena. EE UU fue además el primer país en invocar este protocolo opcional durante la crisis de los rehenes en Irán en 1979.

Washington no quiere que sus decisiones puedan ser revisdas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). "Es una forma de protegernos de futuros fallos de la CIJ, que ha interpretado la Convención de Viena en una forma que equivale en efecto a supervisar nuestro sistema de justicia criminal", ha dicho una portavoz del Departamento de Estado.

La CIJ dictaminó el año pasado la revisión de los juicios de los 51 mexicanos sentenciados en ocho Estados de EE UU, pero los tribunales de esos Estados hicieron caso omiso. El Gobierno de México apeló entonces al Supremo de Estados Unidos, que tiene previsto estudiar el caso el día 28, aunque ahora, ante la "acción preventiva" de Bush, puede quedar en un limbo. Los Estados, en teoría, deben obedecer al presidente, pero algunos, como Tejas, donde se encuentran 15 de los reos mexicanos, se han negado.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece el derecho de los detenidos a ser notificados inmediatamente de la posibilidad de ayuda consular, y el de los diplomáticos a "visitar a sus ciudadanos cuando estén en prisión, bajo custodia o detención; a conversar y mantener correspondencia con ellos, y a facilitarles representación legal". Tales derechos han sido frecuentemente ignorados en Estados Unidos.

A Carlos Avena Guillén le acusaron de asesinato en Los Ángeles en 1980 y al año siguiente le condenaron a muerte, pero el consulado de México no lo supo hasta 15 años después. Otro, José Medellín, condenado en 1994 por el asesinato de dos jóvenes, no recibió ayuda consular hasta 1997. Para que sus casos y los de sus otros 49 compatriotas se reabran, los letrados deberán demostrar que la falta de ayuda consular afectó a sus condenas.