El tipo máximo del IRPF bajará del 45% al 42%, con un coste de 2.000 millones

La reforma del IRPF que ultima Hacienda rebajará tres puntos (del 45% al 42%) el tipo máximo de la tarifa y algo menos el mínimo (ahora en el 15%) y establecerá tres o cuatro tramos (ahora son cinco). El coste se calcula en 2.000 millones de euros. Aunque el modelo aún no está cerrado, la deducción por planes de pensiones será más baja y la de vivienda se limitará al 15%, pero se favorecerá más a las rentas bajas en los beneficios fiscales por hijos. En cuanto a las plusvalías, se mantiene el tipo único, aunque más alto que el actual (15%) si finalmente se incluyen todos los rendimientos del ahorro con un mínimo exento.

El vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentará antes de fin de mes las principales líneas de su reforma fiscal. Se trata de unos cambios "suaves" que se discutirán y aprobarán a lo largo del año para comenzar a aplicarlos en 2006 y en la declaración que se presente a mediados de 2007.

Los cambios incluirán una rebaja en la tarifa del impuesto, principalmente en el tipo máximo, del 45% actual a un 42% o incluso 41%. También se reducirá el mínimo, actualmente en el 15%, aunque en un porcentaje menor. Además del tipo, se reducirá el número de tramos hasta tres o cuatro, desde los cinco actuales.

Hacienda no es partidaria de una gran revolución en el impuesto, sino que optará por cambios suaves con un coste recaudatorio moderado, en torno a los 2.000 millones de euros. Esta cantidad representa menos del 0,5% de lo que se ingresa anualmente por IRPF (47.700 millones en 2004)

El ahorro para los contribuyentes se alejará bastante de las dos reformas fiscales puestas en marcha por el anterior Gobierno del Partido Popular: la que entró en vigor en 1999 tuvo un coste de casi 5.000 millones y la segunda, introducida en 2003, supuso una pérdida de ingresos de 3.800 millones.

Y es que las rebajas en la tarifa quedarán en parte mitigadas por los cambios en las deducciones, principalmente en fondos de pensiones. Será ahí donde se produzca la reforma más profunda. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha manifestado en varias ocasiones partidario de reducir los incentivos fiscales de esos productos. Su argumento, basado en el que sostiene la OCDE, que aglutina a las 30 economías más ricas del mundo, es que no logran el fin para el que fueron creados, fomentar el ahorro a largo plazo, y benefician principalmente a las rentas más altas.

La idea consiste en reducir parte de los beneficios fiscales que existen por invertir en planes de pensiones. Actualmente un contribuyente puede obtener deducciones en la base imponible por una aportación máxima de 8.000 euros anuales a este tipo de producto. A ese límite de 8.000 euros se le pueden añadir 1.250 anuales si el contribuyente es mayor de 52 años, hasta los 65 y con un límite de 24.250 euros. También el cónyuge puede hacer las mismas aportaciones al plan, por lo que las deducciones en rentas altas pueden superar los 40.000 euros por familia.

A fin de reducir estos beneficios, que disfrutan principalmente las rentas más altas, Hacienda se plantea eliminar, por ejemplo, la cuantiosa bonificación (descuento del 40%) que recibe quien decide cobrar toda la aportación al plan en un solo pago en lugar de percibirlo como renta vitalicia. El objetivo es primar fiscalmente el cobro como renta vitalicia.

En vivienda, sin embargo, el ministerio mantendrá esencialmente las deducciones ahora vigentes. La compra de vivienda está bonificada con un 15% de las cantidades destinadas a ese fin, con una aportación máxima anual de 9.015 euros. Pero ese porcentaje del 15% se ve incrementado al 20% cuando la compra se realiza con financiación (es decir, en la mayoría de los casos) e incluso al 25% en los dos primeros años. Hacienda se plantea eliminar esos dos porcentajes y simplificar la deducción limitándola al 15% en todos los casos.

La principal novedad en vivienda reside en el alquiler. Los encargados de elaborar la reforma estudian introducir también una deducción para el inquilino, que de momento no goza de ningún incentivo para alquilar, al margen de algunas medidas establecidas por las comunidades autónomas. Las ventajas en la legislación estatal se circunscriben, de momento, al propietario, que puede dejar sin tributar hasta el 90% de la renta percibida por el alquiler.

Otro de los cambios afectará a la deducción por hijo (actualmente, 1.400 euros para el primer hijo y más para los sucesivos). La deducción se aplica ahora en la base (antes de aplicar la tarifa) y, por tanto, beneficia más a quien más renta tiene. La solución a este problema consistirá en pasar la deducción a la cuota, aunque no se descartan otras opciones.

Debate sobre plusvalías

Una de las cuestiones que más debate está generando dentro del Ministerio de Hacienda es la reforma de las plusvalías. Aunque el programa electoral socialista incluye un equilibrio entre la fiscalidad del ahorro (ahora tributa a un tipo único del 15%) y la del trabajo (hasta un 45%), el vicepresidente Solbes es reacio a introducir cambios con el argumento de que, en un entorno europeo donde hay países que gravan menos las plusvalías, existe riesgo de fuga de capitales.

Para intentar favorecer a las rentas más bajas sin elevar en exceso la tributación general, se estudia fijar un mínimo exento para el ahorro y subir el tipo a una horquilla entre el 18% y el 20%. De esta forma, los capitales más reducidos no pagarían nada. Como complemento se incluirían todos los rendimientos del ahorro (desde los intereses por cuentas corrientes hasta los seguros, además de las acciones), de manera que se simplificase el complejo sistema actual.