El juez da un mes a La Vila Joiosa para acordar el derribo del exceso de obra en el hotel Atrium

El magistrado de lo contencioso-administrativo Ricardo Estévez ha ordenado al alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, del PP, que convoque un pleno municipal, en el plazo máximo de un mes, para restablecer la legalidad urbanística de las obras del Atrium Beach, complejo hotelero del que afloraron diversas irregularidades tras la muerte, en septiembre de 2003, de tres operarios en dos accidentes laborales. La sentencia, que puede recurrirse en apelación, indica que el pronunciamiento municipal sobre la demolición del exceso de obra es "inexorable".

La promotora cree que la sentencia apoya la legalización mediante la cesión de suelo

El fallo trunca el acuerdo de empresa y consistorio de derribar sólo dos plantas

El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Alicante advierte en la sentencia de que no puede ordenar directamente al Ayuntamiento la demolición de las obras del hotel ejecutadas sin licencia, porque en este momento está en trámite un expediente municipal de restablecimiento de la legalidad, pero sí le ordena que ponga fin a ese expediente en el plazo de un mes, expediente que debe resolverse en el marco del artículo 184.3 de la Ley del Suelo, es decir, el que contempla la demolición de las obras. Según la sentencia, el Ayuntamiento deberá "inexorablemente" adoptar las medidas previstas en el artículo 184.3, que dice: "[...] el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar".

El fallo judicial trunca el acuerdo entre el gobierno local de La Vila y la promotora del Atrium, Hotel Luna, SA, para legalizar las obras. Ayer, coincidiendo con la notificación de la sentencia al Ayuntamiento, la comisión municipal de Urbanismo dictaminó a favor -con los votos contrarios de los tres grupos de la oposición- de suspender el expediente de restablecimiento de la legalidad. En la práctica, ese dictamen municipal dice justamente lo contrario que el fallo judicial. El gobierno local pretende, una vez anulado el expediente, formalizar un convenio urbanístico con la empresa que incluye un nuevo instrumento de planeamiento. La promotora de las obras propone al Consistorio la cesión de terrenos adyacentes a este inmueble para la construcción de dotaciones públicas con el objetivo de desbloquear la construcción del hotel y evitar su demolición.

La sentencia, que se deriva de un recurso del concejal de Iniciativa Independiente de La Vila Joiosa, Pedro Lloret, constata "la existencia de un importante exceso de edificabilidad, así como que las obras no se ajustan ni siquiera a la licencia inicialmente concedida", y recuerda que la Administración no ha redactado aún "la normativa y las bonificaciones de los parámetros de edificación".

Para el juez, la posibilidad de modificar el planeamiento no puede emplearse como un argumento capaz de enervar la obligación legal que tiene la Administración urbanística de dar respuesta ante actuaciones urbanísticas carentes de cobertura legal. Una demora en la restauración del orden urbanístico vulnerado, razona el juez, sería "difícilmente encajable en el precepto que exige a la Administración reaccionar en un concreto sentido una vez constatado que las obras no pueden ser legalizadas".

Para el portavoz municipal del grupo independiente , la sentencia "marca el camino al Ayuntamiento para buscar una solución a este asunto. Según Lloret, el exceso de edificación del Atrium Beach "no puede arreglarse en los despachos de Alicante o de Valencia, ni tampoco precisa de la tutela del Consell", sino que "debe resolverlo el Ayuntamiento con luz y taquígrafos" para evitar posteriores actuaciones judiciales.

El PSPV, en un comunicado, pidió ayer la creación de una comisión que investigue "las presuntas irregularidades, complicidades políticas y oscurantismos" que se han producido en torno a la edificación del complejo hotelero. Para el portavoz de Urbanismo del grupo parlamentario socialista, Adolf Sanmartín, "con la sentencia en la mano", la propuesta de la promotora "que pretende estudiar Blasco [el consejero de Territorio y Vivienda]" de ceder al Ayuntamiento terrenos de su propiedad para la colectividad, con el objetivo de evitar la demolición del Atrium Beach, "no tiene ningún sentido en la medida en que el texto legal contempla la ilegalidad resultante".

El secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo del PP, Alfonso Ferrada, indicó ayer en un comunicado que la resolución en torno al Atrium Beach de La Vila Joiosa se hará conforme a la ley. Ferrada recordó que el Ejecutivo valenciano notificó en su día al Consistorio la obligación legal de restaurar la legalidad urbanística conculcada. El Consell, añadió, ya instó al Ayuntamiento a que ordenase la demolición de las obras.

La promotora de las obras, Hotel Luna SA, interpretó que la sentencia "refrenda y apoya de modo absoluto" la propuesta de legalización formulada al Ayuntamiento que consiste en la tramitación de un Plan de Reforma Interior (PRI), con la cesión a la colectividad de unos 21.000 metros cuadrados para dotaciones. El vicepresidente de Hotel Luna, Francisco Javier García, sostuvo que los tribunales han considerado que la posibilidad de aprobar un PRI para poner fin al expediente de legalización resulta totalmente ajustada a derecho, tal y como reconoce el Tribunal Supremo". Fuentes de la mercantil opinaron que el fallo "pondrá fin" a las manifestaciones y "falsas acusaciones sobre la legalización del expediente realizadas en los últimos días sin el más mínimo rigor jurídico y con absoluto desconocimiento de las posibilidades que la ley ofrece". Para la promotora, la resolución "se pronuncia con una meridiana rotundidad" sobre "la imposibilidad de disponer de la demolición del edificio".

Las obras del complejo hotelero-turístico Atrium Beach, en primera línea de La Cala de La Vila Joiosa, zona sometida a una gran tensión urbanística en el límite con el municipio de Finestrat, se encuentran paralizadas desde septiembre de 2003, después de que tres obreros perdieran la vida durante la construcción del edificio. Antes de que un juez parara las obras, el Ayuntamiento consintió la actividad constructora a pesar de haber dictado hasta siete decretos de paralización de las obras.