Relevo en la Iglesia

No es fácil descifrar las claves internas que han llevado a los obispos españoles a elegir al frente de su Conferencia Episcopal al titular de la diócesis de Bilbao, Ricardo Blázquez, como sucesor del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Un solo voto impidió a este último su reelección para un tercer y último mandato de tres años, algo que sólo consiguió en el pasado el cardenal Tarancón y que exige superar el difícil listón de dos tercios de los 77 votantes. Los obispos parecen haber optado por reforzar una línea de moderación y diálogo frente a otras alternativas más duras e intransigentes, como la que parece representar el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que obtuvo tres votos menos de los 40 conseguidos por Blázquez.

Obispo de Bilbao desde 1995, recibido entonces con hostilidad por los nacionalistas vascos -con la expresión despreciativa de "un tal Blázquez" se refirió a él Arzalluz-, el nuevo presidente pasa por ser una personalidad integradora y que, con el tiempo, ha llegado a mostrarse comprensivo con los postulados del nacionalismo moderado. Ello, quizás, le haya valido los votos de los prelados vascos y catalanes, decantando a su favor una reñida votación que ha mostrado a una jerarquía católica dividida en dos mitades prácticamente iguales.

Aparte de mostrarse sorprendido por su elección, Blázquez se ha apresurado a manifestar su deseo de diálogo con el Gobierno, puesto en marcha tras el primer encuentro de alto nivel celebrado la semana pasada entre la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, y el hasta ahora vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián. En ese encuentro se reafirmó la voluntad de ambas partes "de mantener una relación basada en el mutuo respeto". Pero para que esa relación se mantenga estable y no esté sometida a tensiones necesita asentarse sobre el reconocimiento claro del actual Estado aconfesional como marco de esa relación y la existencia de una sociedad española con múltiples sensibilidades en materia religiosa.

Desde esas premisas, el Gobierno, sea cual sea, no puede dejar de reconocer el peso específico de la Iglesia católica en la sociedad española. Y la Iglesia no puede considerar como agresiones decisiones legítimas del Gobierno, ni parapetarse tras los acuerdos de 1979, atribuyéndoles un valor normativo superior a la Constitución, para perpetuar privilegios inaceptables. En ese contexto, lo lógico es que el diálogo Iglesia-Estado -ayer mismo hablaron Zapatero y Blázquez- tenga éxito y que las cuestiones que les afectan encuentren un tratamiento adecuado.