La juez investiga el patrimonio del ex interventor de Orihuela

La titular del Juzgado Número 5 de Orihuela ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el patrimonio del ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, José Manuel Espinosa, autoinculpado de apropiarse de 30.000 euros de las arcas públicas. La juez también ha solicitado al Ayuntamiento toda la documentación relacionada con los expedientes manipulados por el funcionario para consumar la apropiación.

La juez ha citado al ex interventor para mañana, jueves, para tomarle declaración por ese asunto y por una querella por un supuesto delito de calumnias. Sobre este segundo asunto no ha trascendido la identidad del querellante.

José Manuel Espinosa fue destituido por la corporación el pasado 22 de febrero, cuatro días después de autoinculparse, en una Comisaría de Zaragoza, de apropiación de fondos públicos. Al día siguiente, Espinosa citó, en su domicilio particular, a los tres portavoces de la oposición: Francisco García Ortuño, del PSPV, Jesús Ferrández, del Centro Liberal, y Monserrate Guillén, de Izquierda Verde. Durante la entrevista, grabada por dos de los políticos, el ex interventor destapó supuestos fraudes contables, como el pago de facturas falsas, incrementos de obras sin justificación, mandamientos de pagos si justificar por parte de una ex concejal, y adjudicación a dedo por parte del secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez Franco, a la empresa de un familiar de trabajos preliminares relacionados con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Dimisión del secretario

La acusación del ex interventor respecto al secretario, según la grabación a la que ha tenido acceso este periódico, textualmente dice: "La adjudicación de los trabajos de la revisión del PGOU es un fraude de ley, porque se fracciona un servicio (los vuelos de reconocimiento del término municipal de Orihuela) que es único en trozos, y se presentan tres facturas por un importe inferior a 12.000 euros, pero se trata del mismo trabajo". Espinos asegura que el secretario encargó los trabajos a un familiar, "a su yerno, Santiago Rubio Moreda", precisa el ex interventor en la grabación.

El secretario admitió ayer en la reunión de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento la adjudicación de los trabajos previos a la revisión del PGOU a la firma de su familiar, pero defendió la legalidad de su iniciativa, al tiempo que aclaró que las facturas todavía no se han pagado. La concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, también reconoció la existencia de las facturas, todavía no pagadas, y anunció que el resto de trabajos para la revisión del PGOU, "sí se sacarán a concurso".

El reconocimiento por parte del secretario de la acusación del ex interventor acarreó el abandono de la comisión de los portavoces de la oposición al tiempo que pidieron su dimisión.