El Tribunal de Cuentas advierte de que el Fondo de Reserva no garantiza las pensiones

El Fondo de Reserva de las Pensiones no garantiza la sostenibilidad del sistema público en momentos de crisis, su dotación por parte del Gobierno no sigue criterios claros y sus inversiones no son las más rentables. Éstas son las principales conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso sobre esta hucha, que en la actualidad acumula 23.083 millones de euros. El tribunal insta al Gobierno a realizar proyecciones de la viabilidad de las pensiones y recomienda que la Seguridad Social salde una antigua deuda que mantiene con el Estado.

El Fondo de Reserva, creado en 2000 para garantizar el pago de pensiones en momentos de crisis, presenta algunas indefiniciones y lagunas legales en su funcionamiento, según el Tribunal de Cuentas. Este organismo ha plasmado la evolución de este instrumento, desde su constitución hasta diciembre de 2003, en el Informe de fiscalización de los excedentes de la Seguridad Social y del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El texto, aprobado el pasado 23 de febrero y remitido ya al Congreso de los Diputados, extrae las siguientes conclusiones:

- Falta de criterio. El informe destaca la "ausencia de criterios" para conocer el procedimiento que sigue el Ministerio de Trabajo al dotar el Fondo de Reserva. El Tribunal de Cuentas subraya la "indefinición" de la ley reguladora del Fondo, que se limita a indicar que los excedentes de la Seguridad Social "se destinarán prioritaria y mayoritariamente" a él. Esa falta de claridad determina que la dotación "pueda ser de muy distinta cuantía, sin que exista justificación o explicación alguna de las causas".

El desconocimiento de esos criterios "impide al tribunal pronunciarse sobre la razonabilidad [de las dotaciones] desde una perspectiva financiero-presupuestaria". Tampoco existe información sobre el motivo por el que la inyección de dinero "se ha propuesto en determinadas fechas y no en otras".

El Fondo cuenta actualmente con 23.083 millones de euros, tras una última aportación de 3.500 realizada en febrero. El Gobierno tiene la obligación de realizar una dotación al año, aunque en todos los ejercicios se ha superado esa frecuencia.

- Insuficiencia. Pese a la creciente dotación de la hucha, capaz ya de abonar cinco mensualidades de pensiones, "el actual volumen del Fondo tampoco garantiza por sí mismo la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social". El tribunal alega que el propio ministerio previó en su informe de proyección financiera un gasto en pensiones de 130.000 millones de euros en 2020, que ascendería a 210.500 en 2030. Dada la brecha existente entre estas cantidades y la dotación del Fondo, este órgano le atribuye "un cierto carácter complementario" en el sostenimiento del sistema.

El Tribunal de Cuentas pide al Gobierno que cuantifique la cifra mínima a la que el Fondo debe ascender para "cumplir la función niveladora" del sistema en caso de déficit. El documento consigna una serie de "limitaciones" en los estudios de Trabajo. Éstas hacen referencia a las proyecciones demográficas del ministerio, fundadas en datos de 1991, ya muy desfasados, y a las prestaciones de la Seguridad Social, entre las que Trabajo sólo contempla las pensiones, pese a que existen muchas otras (por ejemplo, las bajas por enfermedad).

- Deuda pendiente. El tribunal se muestra crítico con el modo cómo Trabajo ha gestionado una deuda de la Seguridad Social con la Administración General del Estado, heredada de los tiempos en que el sistema no podía hacer frente al pago de pensiones. El tribunal exhorta al Gobierno a "poner fin a esta situación", condonando el préstamo o amortizándolo, de forma que se equilibren las cuentas. El tribunal se muestra tajante respecto a la coexistencia de un superávit en el Fondo y una deuda en la Seguridad Social: "La dotación al Fondo ha sido posible gracias, no a la existencia de fondos propios, sino a la financiación ajena que ha aportado a la Seguridad Social la Administración General del Estado".

- Gestión pasiva. Otra de las objeciones del tribunal consiste en el manejo de esas grandes sumas de dinero, invertidas en su mayor parte en deuda pública. Se ha optado, según el tribunal, por una "gestión pasiva" de la cartera del Fondo, con "elevados importes no invertidos" (el 15,1% del total). Esa situación, unida a la falta de recursos humanos, "impide que el Fondo aproveche las oportunidades de inversión que puede ofrecer el mercado secundario". El tribunal pide que se invierta en otro tipo de activos.

- Estudios. El documento recomienda a Trabajo realizar estudios permanentes sobre la repercusión de sus políticas en la sostenibilidad del sistema.