Las indemnizaciones por daños morales paralizan el retorno de los vecinos del Carmel

Los 30.000 euros en concepto de daños morales que recibirán las familias del Carmel que se han quedado sin casa están protagonizando el pulso que mantienen el resto de vecinos afectados que no han perdido su casa y exigen la misma cantidad. La Generalitat la considera excesiva. Las dos reuniones que las partes mantuvieron ayer consiguieron acercar posiciones, pero todavía no hay acuerdo. El proceso de retorno, pues, está completamente paralizado.

La sede del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas acogió ayer tarde dos reuniones distintas, a cuál más trascendental. Una, la de los abogados de los edificios contiguos a los que están pendientes de derribo -los números 4 del pasaje de Calafell y 8 de Conca de Tremp- y técnicos del departamento y de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, además de la delegada del Gobierno catalán, Carme San Miguel. Del acuerdo que alcancen estas dos fincas con la Administración depende que se ponga en marcha el engranaje del retorno: inspecciones, apuntalamientos y recimentación, derribos y regreso escalonado de los vecinos más alejados. Es decir, todo.

La segunda reunión sentó al consejero Joaquim Nadal con el presidente de la Asociación de Vecinos del Carmel, Fernando González, el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Joan García, y el abogado de la federación, José Molina.

Edificios contiguos al derribo

La reunión entre los representantes de las 11 familias y los técnicos acabó con una cita para volverse a encontrar mañana miércoles. En el capítulo de las indemnizaciones por daños morales, estas familias no quisieron concretar ninguna cantidad, pero señalaron que los 6.000 euros comprometidos hasta ahora por la Generalitat es una cifra "ridícula", en palabras del abogado Juan Antequera. El letrado refirió que la postura de la Generalitat parecía lejana a los 30.000 euros que se concedió a los que pierden sus casas. En relación con esa cuestión, un portavoz de Política Territorial precisó que algunas demandas se estiman "por encima de criterios asumibles".

Pero aparte de la controvertida cifra, estas familias están alarmadas ante la envergadura de las obras de apuntalamiento y recimentación a las que deberán someterse sus viviendas. Para ello ayer exigieron el proyecto ejecutivo de los complejos trabajos, certificados geológicos que aseguren la solidez del subsuelo y la relación de los profesionales y empresas que intervendrán a las órdenes del arquitecto Carles Buixadé, director de todo el operativo. "No se trata de una obra simple, requiere un proyecto que tiene que ser visado y un detalle que no conocemos y tenemos que hacerlo. Se han comprometido a que nos los facilitarían antes de la reunión", apuntó Antequera.Finalmente, reivindicaron que se compense la depreciación que han sufrido sus pisos -"No es que en el Carmel se vendan pisos más baratos. Es que no se venden", señaló Antequera- y ubicaciones provisionales para los negocios mientras se prolonguen las obras.

Los afectados que tienen sus locales cerrados desde el 27 de enero quieren reabrir puertas en el mismo barrio, sacar el género del interior e intentar recuperar cierta normalidad cuanto antes.

La reunión entre los representantes de las asociaciones de vecinos y el consejero finalizó también sin acuerdo y con el compromiso de que las partes se reúnan de nuevo mañana. Será, en realidad, la primera reunión en la que se irá al fondo de la crisis del Carmel, ya que en ella se empezará a tratar el asunto que bloquea todos los movimientos: la compensación económica por los daños morales y la depreciación de las viviendas. Será una mesa negociadora integrada por Ramón García Bragado, Secretario General de Presidencia; Carmina Llumà, secretaria general de Política Territorial; Jaume Gallofré, director general del Gabinete Jurídico Central y Carme San Miguel, delegada del Gobierno de la Generalitat. Es este último departamento el que tendrá la última palabra a la hora de fijar las indemnizaciones.

La postura de los vecinos no varió ni un centímetro durante el encuentro con Nadal: consideran que la compensación en concepto de daños morales debe ser la misma para todos los afectados por la crisis del barrio: 30.000 euros por persona. Tanto si se han quedado sin casa -el caso de las 34 familias que ya tienen comprometidas las indemnizaciones- como si deben esperar tantos meses como se prolonguen las obras de reparación de los daños, o si su retorno es inminente.

"Las familias que se han quedado sin casa saben a qué atenerse, pero la angustia puede ser mucho mayor para el resto", lleva días planteando y defendió ayer de nuevo el presidente de la Asociación de Vecinos, Fernando González, al término de la reunión. La opinión es compartida con la Asociación de Afectados Línea 5, creada a raíz de la crisis.

Según un documento suscrito por ambas partes, la negociación de las indemnizaciones que se fijen tendrán en cuenta las circunstancias de cada afectado pero "en ningún caso, en circunstancias homogéneas, se producirá diferente trato entre los afectados". En definitiva, apuntó González, "lo que queremos es que las indemnizaciones no dependan de la habilidad negociadora o del abogado de turno. Queremos igual trato en iguales circunstancias".

Mientras, las inspecciones de los edificios más alejados del socavón no se iniciarán antes del lunes después de que técnicos de Política Territorial expliquen a los afectados la situación de las viviendas y les entreguen los certificados básicos para el retorno: sobre el estado del subsuelo, el edificio y las viviendas. "No llamamos al boicoteo de las inspecciones porque hay personas que están interesadas en que se hagan".