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Reportaje:

Sancionada "sin pruebas convincentes"

Educación anula la expulsión de una estudiante de Alcalá que fue acusada el pasado mayo de un robo en su colegio

Oriol Güell

El colegio Calasanz, de Alcalá de Henares, expulsó en mayo de 2004 a una de sus alumnas de 15 años durante 29 días, sanción máxima imponible, acusada de haber robado 185 euros de la sala de profesores e implicar falsamente a una compañera de ser la autora del hurto. Sin embargo, la Consejería de Educación, que dirige Luis Peral, ha anulado ahora esta decisión, a la vez que reprocha al colegio haber sancionado a esa estudiante -"sin haber aportado pruebas convincentes"- por un hecho que "por su gravedad puede marcar de por vida a una persona y destrozar su reputación futura". La madre de la alumna exige al centro docente que pida perdón a su hija, pero el colegio se niega.

Tras casi un año de luchar por la inocencia de su hija, los padres de la alumna expulsada se muestran satisfechos por la decisión adoptada por la Dirección Territorial de Madrid-Este de Educación, pero exigen al centro escolar que se disculpe ante la niña por escrito por su "precipitación al realizar acusaciones formales no fundadas" y "permitir la difusión de falsos testimonios que han dañado el honor y la autoestima de la niña y de toda la familia".

La madre de la joven sancionada exige al centro docente que pida perdón a su hija, pero éste se niega

La alumna tuvo que ser atendida en el mes de mayo de 2004 "por un trastorno de angustia, secundario a un conflicto escolar" por el que "presentaba un cuadro de apatía y tristeza", según un informe médico del Imsalud. Ella y su hermana han abandonado el colegio Calasanz y estudian ahora en otro centro de Alcalá. De los 29 días de sanción sólo faltó uno a clase porque, hasta la resolución del recurso que la madre presentó ante Educación, la consejería obligó al colegio a que permitiera a la joven acudir a clase.

Ernestina de Sousa, directora del colegio Calsanz, por su parte, afirma en un escrito que si se "encontrase otra vez en la misma situación, haría lo mismo". Sostiene que "los indicios que había eran suficientes para iniciar el expediente" de sanción. De Sousa, sin embargo, "acata la decisión" de Educación de "archivar el expediente", si bien ha pedido aclaraciones a la Dirección Territorial por la posibilidad de recurrir vía recurso de reposición, algo que no puede hacer por haber transcurrido el plazo.

Los hechos que han motivado el enfrentamiento de la familia con el colegio, del centro con la Consejería de Educación y que también han roto varias amistades que duraban desde la infancia, sucedieron los días 22 y 23 de marzo de 2004.

El día 22, la alumna expulsada (Ana, nombre supuesto) y una compañera de 4º de ESO (llamémosla Marta), que posteriormente se acusarán mutuamente de haber sustraído dinero de un armario, entraron en la sala de profesores para "coger un rotulador y unos papeles para hacer un cartel para el taller de teatro", según consta en la sanción del colegio. Según el centro, esto era algo que "tenían prohibido hacer y por lo que habían sido reprendidas anteriormente", pero, según Ana, "era algo habitual y obedecía a instrucciones de un profesor".

Las dos versiones son tan contradictorias que la resolución de Educación se pregunta "por qué un sector del profesorado autoriza lo que otro sector prohíbe".

El día 23, Ana volvió a entrar por el mismo motivo. Su tutor, que corregía exámenes, le pregunta el motivo de su entrada, pero no le indicó que saliera ni la vio coger nada. Marta no es vista en la sala, pero abandona los ensayos de teatro cinco minutos antes de que termine, tiempo en el que nadie sabe donde está.

El día 23, una profesora echa de menos dos sobres y dinero de su monedero, una suma total de unos 185 euros. Preguntadas por las profesoras, las dos alumnas guardan silencio primero y, finalmente, se acusan mutuamente.

La propuesta de sanción del colegio recoge las declaraciones de varios profesores y de las dos muchachas (Marta, apoyada por dos amigas) acusándose mutuamente. Marta dice que Ana le enseñó el día 22 un billete de 50 euros que había cogido de un armario de la sala de profesores y que con ese billete Ana recargó su teléfono móvil y pagó el desayuno en un bar. Marta recibe el apoyo de dos compañeras en sus acusaciones contra Ana, pero ésta lo niega rotundamente y afirma que ha sido Marta la que ha cogido el dinero y la que lo ha utilizado para recargar su móvil. Las dos chicas (Marta, apoyada por dos compañeras) también se acusan de haber mostrado el día 23 los dos sobres con billetes y monedas en un bar.

Presunción de culpabilidad

La madre de Ana, la alumna expulsada por el colegio Calasanz, aportó ante el Consejo Escolar una declaración jurada de la dependienta de una tienda de telefonía que afirma que fue Marta quien pagó la recarga de un móvil con un billete de 50 euros, mientras que Ana lo hizo con uno de 10 euros y otro de cinco "muy doblados, como pagaba siempre, porque los guardaba dentro del móvil, en el espacio donde está la batería", afirma su madre.

El Consejo Escolar, sin embargo, no hizo caso a esta declaración jurada ni a ninguna de las explicaciones de la progenitora de Ana y la consideró culpable del robo, de haber levantado falsas acusaciones contra Marta y por haber entrado reiteradamente en la sala de profesores. A esta última, el Consejo Escolar también la sancionó con 15 días, aunque el colegio declinó informar por qué.

La sanción del colegio admite que "nadie puede acreditar que se le haya visto cogiendo dinero", pero como "manipuló el armario en los días y espacios de tiempo en los que faltó el dinero, este Consejo Escolar puede presumir su autoría de los hechos".

Educación estima que la responsabilidad de Ana no "ha quedado suficientemente probada" y que sólo se "basa en lo que dicen dos compañeras y en suposiciones". Sobre la acusación de falsos testimonios, Educación dice que el "colegio presume su autoría en la sustracción del dinero, de la que no se han aportado pruebas fidedignas, por lo que tampoco cabe hacer responsable a la alumna de esta conducta".

El colegio Calasanz es un centro privado al que acuden 998 alumnos desde los tres años a bachillerato y formación profesional. Tiene concertada la enseñanza infantil, primaria y secundaria.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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