El otro toro de Osborne, en el juzgado
El fiscal pide 18 meses para un empresario que comercializa la imagen sin permiso
Un dicho con pretensiones humorísticas de hace décadas aseguraba: "Eres más serio que el Viti, que antes de torear llevaba los toros al juzgado". Algo de eso le ha ocurrido al toro de Osborne, uno de los iconos más populares en España. En este caso el denunciante no ha sido un diestro, sino la compañía Grupo Osborne, SA, que en el año 2000 se embarcó en un pleito contra un industrial de Barcelona porque desde hace siete años elabora y comercializa todo tipo de productos publicitarios con la silueta del toro sin la autorización de la empresa y sabiendo que se trata de una marca registrada.
Tras cinco años de investigaciones judiciales, el caso está a punto de ser juzgado. El fiscal sostiene que el empresario ha cometido un delito contra la propiedad intelectual previsto en el artículo 274 del Código Penal, que castiga con penas de seis meses a dos años a quien, con fines industriales, "reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible" sin autorización del poseedor del derecho de propiedad intelectual. El fiscal ha optado por la banda alta de la pena y reclama un año y medio de cárcel para el empresario Àngel Alegre Bernues en el escrito de acusación que presentó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Rubí (Vallès Occidental).
Una firma de Rubí usa el toro para vender vasos, ceniceros, bolígrafos, estatuillas y camisetas
Osborne, que ejerce la acusación particular, solicita penas que suman cuatro años de cárcel para el empresario porque cree que, además, plagió y distribuyó una obra literaria sin autorización, delito distinto recogido en el artículo 270 del Código Penal.
La silueta del popular toro en posición estática de pie, con la cabeza hacia el lado izquierdo y la cola hacia el derecho sobre fondo negro, fue diseñada por Manuel Prieto Benítez, aunque hasta 1979 no cedió a la compañía Osborne todos los derechos de explotación y reproducción. El diseño gráfico de esa obra tiene nueve registros en la Oficina Española de Patentes y marcas para fabricar una veintena de productos, y la compañía asegura que se ha convertido desde hace décadas en un símbolo identificador de la sociedad. Hace 10 años el toro de Osborne ya acabó en el juzgado cuando la compañía recurrió la decisión del Consejo de Ministros de retirarlo de las carreteras españolas. El Tribunal Supremo dio la razón a Osborne e indultó las siluetas de los 97 toros instalados en los márgenes de las carreteras al considerar que "han superado su inicial sentido publicitario y se han integrado en el paisaje nacional".
José María Rueda, abogado defensor, reclama la absolución del empresario al entender que realiza una "actividad económica absolutamente legal". En su opinión, "la famosa escultura del toro está permanentemente expuesta en la vía pública", en alusión a las figuras de las carreteras, y eso supone una limitación legal del derecho de propiedad intelectual. La defensa entiende también que la actividad de su cliente "en ningún caso supone utilización de la marca al no distinguir con sus reproducciones producto alguno".
Los hechos que han derivado en el proceso judicial arrancan en enero de 1997, cuando el empresario Àngel Alegre Bernues, administrador único de la sociedad Misjak, SL, de Rubí, inició la comercialización de objetos con la figura de ese toro: desde ceniceros hasta encendedores y bolígrafos, pasando por jarros, estatuillas, adhesivos, camisetas, vasos, postales, libretas, dedales, llaveros e insignias. El perito Francesc Menen, que realizó un informe a instancias del juzgado, explica que el perjuicio causado a Osborne es considerable, pues el toro tiene "una verdadera significación de la marca" para la empresa, que sólo en el año 1998 gastó 1.985 millones de pesetas en mantener esa imagen publicitaria.
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