CiU se querella contra el presidente por injurias, pero dará marcha atrás si se retracta

Una semana después de que la ejecutiva de CiU lo acordase, la coalición nacionalista presentó ayer una querella por injurias y calumnias contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, por acusar a los anteriores Gobiernos de cobrar comisiones del 3% en las obras que concedían. Sin embargo, en el mismo texto se advierte que se desistirá de la acción penal si Maragall se retracta y retira sus acusaciones, que CiU considera "falsas y muy graves". La querella incluso sugiere a Maragall tres posibilidades para que se produzca esa rectificación.

La querella de CiU se dirige también contra el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y contra el diputado de ERC en el Parlament Xavier Vendrell, quienes ratificaron las acusaciones de Maragall horas después de manera mucho más contundente. La acusación contra Maragall se sustenta en una frase pronunciada en el Parlament el pasado 24 de febrero, cuando dirigiéndose al líder de CiU, Artur Mas, le dijo: "Ustedes tienen un problema, que se llama 3%".

El texto de la querella ocupa 22 páginas e imputa a los tres querellados dos supuestos delitos de calumnias e injurias graves con publicidad previstos en los artículos 206 y 209 del Código Penal, respectivamente. En el primer caso se castiga la conducta con penas de prisión de seis meses a dos años y en el segundo con multa de seis a 14 meses. Las calumnias e injurias se consideran realizadas con publicidad si se propagan por los medios de comunicación.

En la querella se anuncia la voluntad de CiU de desistir de la acción penal si Maragall, Nadal y Vendrell se retractan de sus acusaciones. Fuentes judiciales explicaron ayer que las injurias y calumnias son delitos de los denominados de persecución privada, en los que el querellado se da por satisfecho cuando lo desee. El Código Penal establece en ambos casos que se quedará exento de responsabilidad si el acusado de injuria o calumnia prueba la veracidad de sus acusaciones.

Rápida resolución

En el texto de la querella se sugieren incluso tres alternativas para que Maragall se retracte: una comparecencia en el Parlamento, una declaración pública o un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el que deberá admitir o rechazar la querella. La Sala Civil y Penal de este tribunal se reunirá el próximo lunes y nombrará un ponente para que estudie el texto. Dada la trascendencia del caso y la identidad de los querellados, es muy probable que a finales de la próxima semana se conozca la decisión judicial de admisión -total o parcial- de la querella o de rechazo.

La querella ha sido redactada por los abogados Pablo Molins y Juan Córdoba. El primero es hermano del ex consejero catalán de Obras Públicas Joaquim Molins y el segundo formó parte del equipo que defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Molins explicó ayer que las opiniones de Maragall no tienen amparo en la inviolabilidad parlamentaria porque, en su opinión, "lo que hizo el presidente de la Generalitat fue imputar un delito, y prueba de ello es que al día siguiente la fiscalía abrió diligencias para investigar el supuesto pago de comisiones". Molins aseguró también que en la querella se cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional que avalan su tesis de que no puede argumentarse que las palabras de Maragall fueron en el ejercicio de su actividad parlamentaria. El abogado querellante también rechazó la posibilidad de que si Maragall no rectifica, CiU le conceda el perdón y quede exento de responsabilidad criminal, otra posibilidad que prevé el Código Penal.

El artículo 31.2 del Estatuto establece que "los miembros del Parlamento de Cataluña serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo". Los tres querellados son diputados. Varios juristas consultados consideran que la querella tiene escasas posibilidades de prosperar, ni siquiera de ser admitida a trámite, al menos contra Pasqual Maragall. En este sentido, las mismas fuentes recordaron que en una bronca dialéctica ocurrida en el Parlamento Extremeño hace años, los tribunales de justicia no sólo rechazaron la admisión de una querella, sino también una demanda civil contra Juan Carlos Rodríguez Ibarra.