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Editorial:

Censura y querella

Dos hechos excepcionales en la historia de la autonomía catalana acaban de producirse simultáneamente con motivo de la crisis desencadenada por el hundimiento del túnel del metro del Carmel. Convergència i Unió, la principal fuerza de la oposición al tripartito, ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder del Partido Popular, Josep Piqué, ha presentado una moción de censura. Es la segunda querella que recibe un presidente de la Generalitat en la autonomía restaurada y la tercera moción de censura que se le presenta en el mismo periodo. El mismo día además en que se ha constituido la comisión parlamentaria que debe investigar durante dos meses el desastre del Carmel.

La querella -firmada por el número tres de la coalición, Xavier Trias, y no por Artur Mas, que protagonizó el incidente parlamentario en el que se destaparon las supuestas comisiones del 3%, ni por el número dos, Duran i Lleida- tiene pocos visos de traducirse en un procesamiento como sucedió en el caso anterior, la presentada por el fiscal contra Jordi Pujol por el caso de Banca Catalana. Ahora no se trata de un delito económico, sino de calumnias e injurias supuestamente cometidas en sede parlamentaria, donde el Estatuto catalán reconoce la inviolabilidad de los diputados en la emisión de votos y opiniones.

La moción de censura se discutirá el jueves día 10 -después de una inexplicable fijación para el día 11, coincidiendo inoportunamente con el primer aniversario de los atentados de Madrid-. Y en ella, Josep Piqué, con reflejos políticos mucho más vivos que Artur Mas, protagonizará la mitad de la sesión, dado que la moción constructiva que contempla el Estatuto catalán le obliga a presentarse como candidato a la presidencia.

CiU ha optado por el camino de la judicialización de la polémica, hurtándola al Parlamento. Ha respondido a una desmesura -la acusación, sin pruebas, de corrupción- con una medida extraña y desproporcionada. Se dirige contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y otros dos diputados del tripartito. Tiene pocos precedentes que la oposición use la vía judicial para querellarse contra el Gobierno por palabras pronunciadas en el Parlamento. Se presenta tardíamente, una semana después de la polémica, tras haberla agitado como elemento de presión. Y es de carácter condicional, porque detalla tres posibles supuestos para su retirada.

Si no se abre camino, CiU habrá lanzado un bumerán contra sí misma y habrá ofrecido a su adversario la oportunidad de construir con ella una imagen victimista, tal como hizo Pujol con la suya. Quizá también en la búsqueda del favor de la opinión como "perseguido", Maragall se confirme como el mejor alumno de Pujol. A favor del presidente juega la extendida convicción social de que, pese a su forma rotundamente inadecuada y oportunista, el contenido de su denuncia de corrupción tiene algo que ver con la realidad.

Es perfectamente útil, en cambio, la moción de censura de Piqué. Servirá para calibrar el pulso que libran convergentes y populares para hacerse con la hegemonía de la oposición. Pero, sobre todo, permitirá observar si Pasqual Maragall es capaz de salir de la selva de declaraciones desafortunadas que han situado al tripartito al borde del abismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de marzo de 2005