Chaves rechaza que ninguna comunidad fije de forma unilateral en su Estatuto el modelo de financiación

El telón de fondo lo constituían las recientes afirmaciones del presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall (PSOE), quien había señalado al presidente de la Junta de Andalucía y de los socialistas, Manuel Chaves, al apreciar "un golpe de freno a la evolución autonómica". Y el escenario, un foro empresarial en Madrid. Chaves no replicó de forma directa a Maragall, pero muchas de las frases de su discurso contenían advertencias claras al presidente catalán. Sobre todo sus referencias a la financiación autonómica. "Nadie puede pretender fijar unilateralmente el sistema de financiación", afirmó.

Chaves expresó su preocupación, compartida por la dirección federal socialista, sobre la posibilidad de que los partidos catalanes incluyan en su propuesta de reforma del Estatut modificaciones del sistema de financiación autonómica. El presidente de la Junta expuso su criterio de que esa cuestión debe ser pactada por las 17 comunidades y el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no debe formar parte de las reformas estatutarias que han anunciado varias comunidades autónomas.

"Los Estatutos son iniciativas de largo alcance, que van mucho más allá del tal o cual sistema de financiación", afirmó el presidente andaluz. Chaves se mostró partidario de afrontar dentro del debate autonómico una nueva reforma del sistema de financiación "que garantice los principios de suficiencia, autonomía financiera, corresponsabilidad y solidaridad". Pero reiteró que esas modificaciones hacen "necesario un acuerdo entre todos" y no pueden estar condicionadas por lo que se incluya en los nuevos textos estatutarios.

Además de la modificación del sistema de financiación autonómica, en la que Chaves defendió "la igualdad de las autonomías entre sí", el presidente de la Junta consideró que el principal problema reside en la "gran carencia de mecanismos de cooperación". "La aportación de las autonomías a la confirmación de la voluntad estatal está pendiente de definir en buena parte", indicó el presidente andaluz, quien consideró "pasos en la buena dirección" la creación de la Conferencia de Presidentes autonómicos, la anunciada reforma del Senado o la participación de representantes autonómicos en las instituciones europeas.

En lo relativo al debate sobre la estructura del Estado, Chaves mostró su oposición a que la "modificación de las denominaciones oficiales de las comunidades autónomas contengan adjetivos que supongan distingos o discriminaciones de unas comunidades respecto a otras". El presidente citó otros elementos que fijan la postura andaluza, que Chaves quiere convertir en una barrera para impedir "privilegios" en el debate territorial, como ya advirtió el pasado lunes.

Entre esos elementos de contención, Chaves indicó que "en ningún caso pueden quedar afectados mecanismos básicos para la cohesión social y territorial como la caja única de la Seguridad Social". Y también sostuvo que "los estatutos deber profundizar en el autogobierno, sin que ello signifique que entendamos el proceso de reforma estatutaria como una carrera para vaciar el Estado de sus competencias básicas". En síntesís, Chaves concluyó que las reformas no pueden quedarse "en maquillaje", pero tampoco debe llevar "a un cambio de modelo".

Debates en Canal Sur

A continuación, Chaves pasó explicar ante los empresarios reunidos por el Foro Nueva Economía, que organiza la publicación Wall Street Journal Europe, las principales cuestiones que, a su juicio, debe incluir la reforma del Estatuto de Andalucía. Chaves hizo mención expresa a la exigencia de que las candidaturas parlamentarias respeten el principio de paridad entre sexos y a la garantía de que los ciudadanos estarán informados de los programas electorales mediante debates públicos en los medios de comunicación de titularidad autonómica (Canal Sur).

También hizo referencia a la necesidad de que Andalucía participe en instituciones europeas, el establecimiento de una carta de derechos sociales, a la inclusión de nuevas competencias (como la titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir" y a la designación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como cúspide del poder judicial.